Ciertos inmigrantes detenidos no pueden ser mantenidos en prisión sin derecho a una audiencia de fianza, falló un juez federal el martes por la noche.
El fallo del juez Richard Jones se deriva de una demanda entablada por tres hombres que estuvieron recluidos durante meses en el Centro de Detención Noroeste de Tacoma sin que les concediera una audiencia de fianza, donde el juez debía determinar si representaban riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.
La demanda fue presentada por los grupos Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto Noroeste para los Derechos de los Inmigrantes) y Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“El fallo de la corte reconoce lo que está en juego, la angustia y agravio causados por estar encerrado durante meses”, destacó el miércoles Matt Adams, director legal del grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, en un comunicado. “Una audiencia de fianza no es un boleto gratis para salir de prisión. Pero una persona tiene al menos el derecho de presentar argumentos en su favor. Eso es todo lo que piden, un proceso justo”, agregó.
El fallo tiene lugar en momentos en que una huelga de hambre llega a su fin en el centro de detención de Tacoma. Cientos de inmigrantes participaron en los primeros días de la huelga. Sólo cuatro detenidos se negaron a probar alimentos el miércoles por la mañana, en el sexto día de la huelga de hambre.
Los activistas dijeron que los detenidos desean un mejor trato y comida, así como ser liberados bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso.
El problema en cuestión es una norma de “detención obligatoria” para los inmigrantes que han sido declarados culpables de ciertos delitos y que han cumplido la condena, y que ingresan al sistema de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante años, la agencia se ha centrado en detener a inmigrantes que han cometido delitos e inmediatamente realizaba gestiones para su deportación.
Pero los abogados del Northwest Immigrant Rights Project señalaron que los demandantes fueron arrestados años después de haber cumplido sus sentencias y de haber regresado con sus familias y a sus empleos. Alegan que la ICE ha usado una amplia interpretación de la ley federal.
Un portavoz de la ICE se abstuvo de dar declaraciones.
