(bbc.co.uk). – Un martes del mes de mayo, los cuatro hijos de la familia Duarte se estaban preparando para ir a la escuela cuando la Patrulla Fronteriza entró en su casa y se llevó a sus padres a un centro de detención para inmigrantes.
Los seis viven desde hace años en San Diego, California. Allí, los Duarte están sufriendo el impacto de la nueva política de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Estábamos desayunando y escuchando la radio cuando se los llevaron”, cuenta Yarely Duarte, de 12 años. “Después, lo único que hicimos fue sentarnos y llorar”.
La primera noche, Yarely y su hermana gemela Aracely pusieron sus camas a la habitación de sus hermanos adolescentes para estar todos juntos.
El mayor de ellos, Francisco, de 19 años, se hizo cargo de la casa y comenzó a hacer la compra, cocinar y llevar a sus hermanas pequeñas a la escuela.
Aunque al principio los padres fueron acusados de estar implicados en una red internacional de tráfico de personas, más tarde la acusación fue retirada. Y es que no se ha podido demostrar que ninguno de los progenitores cometió nunca un delito.Rosenda Duarte salió en libertad bajo fianza a finales de junio y su caso será revisado. Pero ella y su marido Francisco, que continúa detenido, siguen enfrentándose a una posible deportación.
Mark Lane, que ofrece asesoramiento legal a otros inmigrantes de la comunidad, asegura que recibe entre 10 y 15 llamadas diarias.
En Estados Unidos, se calcula que hay cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados.“Tuvimos una familia que lleva dos meses sufriendo una situación parecida. Al final, tres miembros han sido deportados. Está pasando en todo el país”.
Miedo a salir de casa
A primera hora de la tarde, las cortinas comienzan a cerrarse y las calles y parques infantiles de un barrio de mayoría hispana de Brownsville, en Texas, quedan desiertas.
“Todo el mundo tranca sus puertas, estamos asustados”, explica una mexicana que entró de forma ilegal en Estados Unidos hace 23 años.
“Cerramos las persianas. La ciudad parece un desierto”, cuenta María, quien forma parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en el país. Muchos de ellos llevan décadas en Estados Unidos.
La vida de muchas de estas personas en el valle del Río Grande, en sur de Texas, ha cambiado de forma dramática desde que Donald Trump se convirtió en presidente y prometió acabar con la inmigración ilegal.
La hija de María, Stephanie, tiene 16 años y sufre una parálisis cerebral que le provoca fiebres que los doctores no son capaces de explicar. Su médico la insta a que visite a un especialista en Corpus Christi, a más de 250 kilómetros de Brownsville.
Aunque Stephanie es ciudadana estadounidense, su madre prefiere no tomar riesgos. Y es que para llegar a Corpus Christie en auto, María y su hija tendrían que atravesar un punto de control de la Patrulla Fronteriza.
“Tememos que su estado empeore. Pero lo que de verdad me da miedo es que me deporten. Porque, ¿quién cuidará de mis hijos entonces?”, lamenta María.
Niños que no quieren ir a la escuela
A María también le asusta acompañar a su otro hijo, Joseph, de 9 años, a tomar el autobús escolar por las mañanas.
Muchas madres que viven en la misma calle observan a través de las cortinas el recorrido que realizan sus hijos por las mañanas y se intercambian mensajes de texto a medida que el grupo de escolares pasa por delante de sus casas camino a la parada del bus.
A pesar de que Joseph tiene la nacionalidad estadounidense, la situación también le preocupa.
“Yo le digo: ‘Está bien cariño, toma el autobús y ve a la escuela’. Pero él me responde que tiene miedo de que cuando vuelva yo ya no esté en casa”.
La culpa del aumento del temor de los hispanos indocumentados que viven en Texas a ser deportados es la nueva ley estatal SB4.
Aunque históricamente la policía estadounidense no tiene por qué hacer cumplir la ley de inmigración, que es competencia de las autoridades migratorias, la normativa prohíbe a los departamentos de policía del estado adoptar una política de no cooperación con los funcionarios de inmigración.
Y exige a los policías de Texas que pidan los papeles a las personas sospechosas de estar en el país de forma ilegal.
A pesar de que la ley no entrará en vigor hasta septiembre, ha disparado las alarmas entre los aproximadamente 10 millones de hispanos que viven en Texas.
Declaraciones racistas de Donald Trump
Durante la campaña electoral, el presidente Trump calificó de criminales a la mayoría de indocumentados que viven en EE.UU. y prometió expulsar a millones de ellos.
Debido a la controversia que despertaron sus palabras, se retractó y aseguró que primero deportará a los que hayan cometido algún delito.
El temor al que están expuestos los hispanos, sin embargo, comenzó años antes de la llegada del magnate a la presidencia. Su antecesor, Barack Obama deportó a cerca de tres millones de indocumentados durante su mandato, más que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos.
Aunque durante sus primeros 100 días como presidente, Trump deportó a 41.000 inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos con causas criminales, el número de indocumentados expulsados que carecían de antecedentes penales es el doble con respecto al mismo período de 2016. Fueron más de 10.000.
“Nadie quiere que haya familias divididas. Por eso, la manera de asegurarte de que esto no ocurra es no entrar en este país de forma ilegal”, dijo Jim Brute, presidente del Partido Republicano en California.
“A veces, los hijos pagan por los pecados cometidos por sus padres”, añadió.
Cediendo la custodia de los hijos
María, la mexicana en Brownsville, se prepara para ceder la custodia de sus hijos a su hermana en caso que a ella la deporten. No quiere poner en riesgo a sus hijos, Stephanie y Joseph, ya que si es expulsada los niños se quedarían solos o en manos de los servicios sociales.
Muchos padres indocumentados del país están haciendo lo mismo antes de que entren en vigor las nuevas directivas de Trump.
Lo curioso, sin embargo, es que durante décadas ningún partido político ha sido capaz de resolver el problema de los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Aunque muchos demócratas apuestan por ofrecer la ciudadanía a aquellos inmigrantes que carezcan de antecedentes criminales, la mayoría de republicanos se opone a esta medida.
De hecho, muchos apuestan a que se aplique la ley actual, que obliga a deportar a los inmigrantes que estén en el país de forma ilegal.
“No hay muchas opciones cuando se trata de hacer cumplir la ley”, considera Timothy Robbins, jefe de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
“A veces, la deportación provoca la separación de familias. Es muy, muy difícil sobre todo cuando hay niños de por medio. Pero la realidad es que nuestros agentes tienen la obligación de hacer cumplir la ley”.
