SAN FRANCISCO, California, EE.UU. (AP) — El homicidio de una mujer en un muelle turístico ha ocasionado críticas a esta ciudad liberal porque el presunto autor, un mexicano que se encontraba en el país ilegalmente, había sido deportado en cinco ocasiones y estaba libre después de que funcionarios desatendieran una solicitud de las autoridades de inmigración para que lo mantuvieran preso.
San Francisco es una de varias ciudades en la nación que no cooperan totalmente con las autoridades federales de inmigración. La ciudad va más allá al promoverse como un “refugio” para personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso.
En una entrevista con una estación de televisión desde la cárcel, Francisco Sánchez, de 45 años, un delincuente reincidente que tenía cargos relacionados con droga y quien fue arrestado por la muerte de Kathryn Steinle ocurrida el miércoles, pareció confirmar que vino a la ciudad por su política de refugio.
Los fiscales acusaron el lunes a Sánchez de homicidio, mientras que el jefe de policía de San Francisco, Ross Mirkarimi, defendió con firmeza la decisión de su despacho de dejar en libertad al hombre, y señaló como responsable al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Dijo que la agencia federal debió haber emitido una orden de arresto contra Sánchez.
“El ICE sabía que (Sánchez) había sido deportado cinco veces”, declaró Mirkarimi.
“Tenían que haber pensado que estaba en una situación en la que se necesitaba una orden judicial o una orden de arresto. No lo hicieron”, agregó.
El caso suscitó una ola de críticas por parte de funcionarios del ICE, de políticos y de comentaristas en medios sociales, todos los cuales se refirieron al asesinato ocurrido como una tragedia evitable.
“La mayor parte de la culpa debería recaer sinceramente sobre los hombros del jefe de policía de San Francisco, porque su departamento lo tenía en custodia y decidió dejarlo en libertad sin notificar al ICE “, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de política del Centro de Estudios de Inmigración, con sede en Washington, que propugna por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.
El legislador republicano Bob Goodlatte, quien preside la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes federal, culpó a las prácticas de tener refugios y al gobierno del presidente Barack Obama. “El trágico homicidio de Kate Steinle subraya una vez más la necesidad de terminar estas políticas temerarias”, dijo en un comunicado.
El alcalde Ed Lee emitió el lunes un comunicado en el que dijo que la política de la ciudad nunca tuvo la intención de proteger a “criminales reincidentes, peligrosos y violentos”. Pidió a agencias locales y federales revisar lo ocurrido.
La procuradora general de California, Kamala Harris, exfiscal federal de San Francisco que busca postularse al Senado federal, señaló que en cuanto a inmigración, “nuestra política no debe ser formulada a causa de nuestra indignación colectiva por la conducta de un individuo”.
Muchos otros políticos de San Francisco permanecieron en silencio mientras dolientes realizaban una vigilia a última hora de la mañana en el Muelle 14, en el malecón del centro de la ciudad, donde Steinle, de 32 años, fue muerta el miércoles por disparo de arma de fuego, al parecer hecho al azar, mientras paseaba acompañada de su padre y de un amigo de la familia. Ella se había mudado recientemente a San Francisco.
Aunque muchas ciudades han reducido su cooperación con el ICE, pocas habían ido tan lejos como San Francisco.
Durante más de dos décadas, la ciudad de San Francisco ha sido considerada un refugio para personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso.
Las leyes sobre refugio de la ciudad prohíben a los empleados públicos ayudar a las autoridades federales en investigaciones o detenciones relacionadas con asuntos de inmigración, a menos que lo disponga la ley o mediante orden de arresto.
El decreto local no prohíbe a la policía local informar al ICE del arresto por algún delito grave de alguna persona que esté sin permiso en el país o que tenga condenas anteriores por cargos graves.
En 2013, Mirkarimi comenzó a entregar menos personas que estaban bajo arresto a las autoridades migratorias para su deportación.
Mirkarimi defendió el lunes la ley sobre refugio de la ciudad, que consideró una herramienta para combatir la delincuencia y fomentar la confianza. Mirkarimi desatiende rutinariamente solicitudes federales de inmigración a menos que estén respaldadas por una orden de arresto activa. Afirmó que el ICE estaba al tanto de la política de San Francisco.
A inicios de este año, Sánchez fue excarcelado de una prisión federal —donde cumplió una sentencia por reingresar al país después de ser deportado— y entregado al departamento de policía por una orden de arresto pendiente relacionada con drogas.
La oficina del fiscal federal en San Francisco rechazó llevar a juicio lo que las autoridades dijeron que era un caso de posesión de marihuana de una década atrás, y Sánchez fue dejado en libertad el 15 de abril.
Antes de ser liberado, el ICE presentó a las autoridades de San Francisco una solicitud para que le informaran si tenían intención de dejar en libertad al sujeto, señaló Gillian Christensen, vocera del ICE. Pero la agencia nunca recibió respuesta, agregó la portavoz.
