WASHINGTON (AP) — Los republicanos en la cámara baja criticaron el miércoles con dureza el proyecto de ley aprobado la víspera en primer debate por una comisión del Senado, poniendo una vez más en evidencia los obstáculos que debe salvar la reforma migratoria antes de llegar al despacho del presidente Barack Obama para su aprobación.
El presidente de la comisión judicial de la cámara baja Bob Goodlatte, republicano por Virginia, dijo que la versión del Senado adolece de los mecanismos necesarios para garantizar un reforzamiento de la seguridad fronteriza antes de que los 11 millones de inmigrantes sin papeles puedan obtener un estatus legal provisional.
Al encabezar una audiencia convocada específicamente para analizar el proyecto de ley aprobado por el Senado, Goodlatte señaló que esa iniciativa “simplemente requiere al Departamento de Seguridad Nacional presentar un plan de seguridad fronteriza para iniciar la legalización de 11 millones de inmigrantes ilegales”.
“Sin asegurar la frontera, y con la simple presentación de un plan, los inmigrantes ilegales pueden obtener un estatus provisional”, agregó. “La estrategia no tiene que estar completa ni ser más que una fantasía”.
Goodlatte también criticó al proyecto de ley del Senado porque concede un plazo de siete años antes de conceder carácter obligatorio al E-Verify, una base de datos actualizada por el gobierno federal que permite a los patronos verificar si sus empleados están autorizados legalmente para trabajar en Estados Unidos.
El republicano por Texas Lamar Smith se preguntó porqué los estadounidenses deberían apoyar una reforma migratoria que no incluye una fecha específica para reforzar la seguridad fronteriza y que por lo tanto propiciaría futuras oleadas de inmigración ilegal al legalizar a los inmigrantes actualmente sin papeles.
La iniciativa de ley del Senado condiciona la nacionalización de los inmigrantes a un reforzamiento de la seguridad fronteriza. Sólo podrán solicitarla quienes no tengan antecedentes judiciales, si pagan tarifas y multas por 2.000 dólares y si aceptan vivir en el país durante diez años con un estatus migratorio provisional que les permite trabajar y viajar al extranjero.
Además de establecer un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que viven en el país, el proyecto creó un nuevo programa de trabajadores extranjeros poco calificados y permitiría que más empleados altamente cualificados puedan entrar al país.
El jefe de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), dijo el miércoles a la televisora Fox que no se opondrá a que el proyecto de ley aprobado la víspera sea debatido en el pleno, pero se abstuvo de decir si lo apoya.
“Estoy indeciso sobre el proyecto de ley pero no indeciso sobre el problema”, dijo. “Obviamente no puedes mejorar el estatus quo, no puedes arreglar la frontera a menos que tomes alguna acción. Si este proyecto de ley logra eso, creo no lo sabremos hasta que termine este debate”.
A diferencia del enfoque integral que el Senado ha dado a la reforma migratoria, la mayoría republicana en la cámara baja ha presentado proyectos de ley separados a la espera de que un grupo bipartidista presente su versión tras negociar a puertas cerradas y de manera interrumpida desde 2009.
El republicano por Idaho Raúl Labrador, uno de los ocho negociadores, dijo el miércoles a reporteros que los republicanos han dado un ultimátum hasta el jueves a sus colegas demócratas para superar la discrepancia sobre quién debe asumir el costo de las pólizas de seguro médico de los inmigrantes sin papeles, cuyo costo anual oscila los 20.000 dólares anuales.
“Si (los inmigrantes sin papeles) no pueden costear su propio seguro médico, no hay razón alguna para que los contribuyentes estadounidenses asuman ese costo”, dijo “Tal vez significa que ellos no deberían estar aquí en Estados Unidos. No me importa quién termina pagando por eso, siempre que no sea el contribuyente”.
Ante una pregunta si los negociadores demócratas habían accedido originalmente a que los inmigrantes sin documentos asumieran el costo de su seguro médico hasta que la jefa de la bancada demócrata en la cámara baja Nancy Pelosi (California) expresó esta semana su oposición alegando que el costo sería inalcanzable para muchos inmigrantes, Labrador respondió “eso es correcto”.
“Lo que puede ser la historia final es que la reforma de salud mate a la reforma migratoria. Es tan difícil para las personas adquirir sus pólizas de seguro y tan costoso debido a que los requisitos son tantos según la reforma de salud, que puede ser que su prioridad número uno en realidad mate” a la reforma migratoria, dijo el congresista nacido en Puerto Rico sobre la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama y promulgada en 2009.
Xavier Becerra (California), uno de los negociadores demócratas en el grupo de los ocho, rehusó especificar por qué las negociaciones bipartidistas están estancadas ni tampoco respondió específicamente a las acusaciones de que los demócratas son los responsables.
“Si quieren que les responda si estoy tratando de abortar un acuerdo, por supuesto que no. ¿Creo que alguno de los ocho estamos tratando de abortar un acuerdo? Por supuesto que no”, dijo a reporteros. “Creo que los ocho estamos haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo”.
El grupo de los ocho en la cámara baja lo completan los demócratas Luis Gutiérrez (Illinois), Zoe Logfren (California) y John Karmuth (Kentucky) y los republicanos Mario Diaz-Balart (Florida), John Carter,y Sam Johnson, ambos por Texas.
El presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner (Ohio), dijo este mes que esa rama del Legislativo actuará en el tema migratorio, pese a que un grupo bipartidista lleva cuatro años negociando a puertas cerradas.
“Este es un tema que lleva demasiado tiempo y necesita solución. Y planeo asegurarme de que sea atendido”, señaló.
Al consultarle sobre las posibilidades de que el pleno del Senado termine aprobando con mayoría el proyecto de ley cuando lo debata en junio, Labrador pronosticó que republicanos, incluyendo los que integran el grupo de los ocho, probablemente presentarán enmiendas para “hacer el proyecto de ley más pasable para los republicanos. Si esas enmiendas no son aprobadas, va a ser difícil que lo apruebe el Senado, al menos con una votación mayoritaria”.
Pero aún si el Senado aprueba el proyecto de ley con una votación muy por encima de los 60 votos necesarios, Labrador señaló que “no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí en la cámara baja. Necesitamos un proyecto de ley con el que la cámara baja se sienta cómodo, y una vez que lo tengamos, entonces tendremos una conferencia” para conciliar ambas versiones”.
El Movimiento por una Reforma Migratoria Justicia (FIRM por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones comunitarias con presencia en 30 estados, anunció el miércoles una campaña que consistirá en celebrar 100 manifestaciones y marchas durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos en Combate para exhortar a legisladores republicanos a votar a favor de una reforma migratoria que incluya una opción a la naturalización para los inmigrantes sin papeles.
Deepak Bhargava, director del Centro para el Cambio Comunitario, dijo que la campaña buscará “recordar a los republicanos lo que ocurrió en noviembre del 2012, que votantes latinos e inmigrantes votaron en cantidades récord para elegir a legisladores pro reforma migratoria.
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