NEW HAVEN, Connecticut, EE.UU. (AP) — Una nueva ley en Connecticut establece límites a la entrega de inmigrantes a las autoridades federales para posible deportación, lo que lo convierte en el primer estado del país en aprobar una medida así, dijeron el miércoles activistas.
Las autoridades de Connecticut van a acceder a pedidos de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de detener solamente a inmigrantes que han sido declarados culpables de delitos graves, pertenecen a pandillas, se encuentran en listas de terrorismo, están sujetos a órdenes de deportación o representan otros riesgos para la seguridad.
La oficina del gobernador demócrata Dannel P. Malloy anunció el miércoles que éste había firmado la ley, la cual dice que los funcionarios de inmigración serán informados de las decisiones sobre si se detiene o se deja en libertad a personas.
El líder de la mayoría en el Senado estatal, el demócrata Martin M. Looney, dijo; “Establece claramente el principio de que el estado de Connecticut no debería estar actuando sobre la base de solicitudes del ICE de detener a personas que no han cometido un delito grave”.
Sus partidarios dijeron que Connecticut es el primer estado en adoptar una ley así desde que fue implementado un programa federal para compartir huellas dactilares de detenidos con las autoridades de inmigración. Dijeron que la ley es necesaria para asegurar que los inmigrantes cooperen con la policía sin temor a ser entregados a las autoridades de inmigración cuando no han sido declarados culpables de delitos o enfrentan cargos menores.
Funcionarios de ICE dijeron que la agencia se concentra en criminales que ya han sido declarados culpables y en otras amenazas a la seguridad pública, y que el gobierno federal establece las prioridades.
El asunto central es Secure Communities (Comunidades Seguras), una iniciativa federal en la que las huellas dactilares de los detenidos son compartidas con el ICE y comparadas con los registros de antecedentes penales e inmigración del FBI. Si se detecta una irregularidad, se retiene a la persona, lo que usualmente lleva a la deportación.
El programa fue activado en el condado Fairfield en junio del 2010 y en todo el estado el año pasado. Un total de 474 personas han sido deportadas de Connecticut bajo la medida, incluyendo 300 criminales que ya han sido declarados culpables, de acuerdo con el ICE.
El gobierno de Malloy ha expresado preocupación de que personas detenidas por delitos menores estaban viéndose involucradas en el programa. El año pasado implementó una política por medio del Departamento de Correccionales del estado que limita cuándo ese departamento accede a solicitudes de las autoridades de inmigración y llegó a un arreglo legal para mantener la política. La nueva ley extiende la medida a los departamentos policiales locales, dicen expertos.
Partidarios de la ley citan el caso del inmigrante mexicano Josemaría Islas, quien fue arrestado el año pasado por cargos de tratar de robarse una bicicleta. Sus abogados dijeron que fue arrestado erróneamente y los cargos fueron reducidos a faltas menores, pero en lugar de ser dejado en libertad, Islas fue entregado a las autoridades federales a pedido del ICE y su caso está pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
El ICE dice que Islas es una prioridad porque ha violado leyes de inmigración varias veces. Sus partidarios disputan que haya sido deportado previamente y dicen que no debería ser deportado ahora.
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