La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó realizar una visita “urgente” a República Dominicana antes de que entre en vigor la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría dejar en situación apátrida a decenas de miles de personas, informó hoy una fuente oficial.
El presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, explicó en rueda de prensa que la CIDH aceptó la invitación de República Dominicana para visitar el país, requisito indispensable para que los comisionados puedan viajar de manera oficial, pero insistió en su carácter urgente.
“Estamos concertando la fecha. La Comisión Interamericana expresó que a partir de la última semana de noviembre estaríamos en plena disposición para visitar República Dominicana y esperamos que se nos precise la fecha”, dijo Orozco.
El comisionado y relator para migración, Felipe González, subrayó la importancia de que la visita se haga “a la mayor brevedad posible dado que podría entrar en efecto muy pronto la sentencia del Constitucional dominicano”.
“La Comisión aspira a que su visita tenga un efecto práctico y concreto, por eso es imprescindible hacerlo a la mayor brevedad. Como saben, la CIDH necesita de la anuencia de los estados para visitarlos, en este caso ya lo ha manifestado así públicamente el Gobierno de República Dominicana y lo valoramos mucho”, dijo.
“Esperamos que esto se concrete antes de que entre en efecto la sentencia para que la visita tenga eficacia. A más tardar la visita tendría que hacerse en las dos primeras semanas de diciembre, para que tenga ese efecto útil”, aclaró González.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explicó que la sentencia tiene un plazo de aplicación de 90 días y además un periodo en el que las autoridades dominicanas discutirán de qué manera se implementa la decisión del alto tribunal.
El TC resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país “en tránsito”.
De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).
La medida afecta principalmente a miles de personas de origen haitiano.
