El vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, instó hoy a la Cámara de Representantes a que vote pronto una reforma migratoria integral como la que aprobó el Senado el mes pasado, al asegurar que se trata también de un asunto de seguridad pública.
“La reforma migratoria es un patente asunto de seguridad pública”, afirmó Biden al concluir una reunión de una hora con agentes policiales de todo el país.
“La reforma migratoria va a hacer a nuestras comunidades más seguras y hará el trabajo de estos tipos mucho más fácil”, agregó Biden, al referirse a los agentes presentes en el salón.
El vicepresidente, que ha estado desde siempre implicado en la promoción de la reforma migratoria y también en el control de armas consideró que la actual “proliferación” de medidas estatales para combatir la inmigración ilegal no funciona y la mejor solución es una reforma migratoria integral.
En ese sentido, elogió la que aprobó el Senado el pasado 27 de junio, que ofrece una vía para la legalización y eventual ciudadanía de once millones de indocumentados; refuerza la seguridad fronteriza, y establece controles para futuros flujos migratorios, entre otros elementos.
Biden destacó que ese plan reformista destinará una cifra “sin precedentes” de 46.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, lo que permitirá que haya “un guardia fronterizo cada mil pies a lo largo de la frontera”.
Además destinará otros 4.500 millones de dólares en “tecnología sofisticada” y demás infraestructura para reforzar la vigilancia en la frontera con México, dijo.
Eso permitirá que la Patrulla Fronteriza no sólo arreste a inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera, sino también a aquellos implicados en el tráfico de personas y drogas, enfatizó.
De esa forma, Biden volvió a remachar el mensaje de que la medida aprobada en el Senado responde a las críticas sobre la presunta porosidad de la frontera y subrayó que los cruces ilegales en la zona se han reducido en un 50 % desde 2008 y en un 80 % desde 2000.
También destacó una reducción de la criminalidad en todos los estados fronterizos con México desde 2008 y que algunas de las ciudades más grandes de EE.UU. que han registrado una merma en los índices de criminalidad se encuentran en la frontera: San Diego (California), Phoenix (Arizona), y El Paso y Austin, en Texas.
La reunión de Biden en un edificio anexo de la Casa Blanca se enmarca en la campaña de presión de la Administración Obama para que el Congreso apruebe una reforma que permita la legalización de once millones de inmigrantes indocumentados.
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, aún no ha presentado su propia versión del plan reformista, y el consenso es que ese proyecto de ley probablemente no esté listo antes del receso legislativo de agosto próximo.
Durante su rueda de prensa semanal, la líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, afirmó que los legisladores tienen la “obligación moral” de aprobar la reforma migratoria.
Pelosi calificó de “muy positiva” la idea, sugerida por el senador republicano de Arizona, John McCain, de llevar a cabo una campaña de presión en agosto para persuadir a aquellos legisladores republicanos que sigan poniendo trabas a la reforma.
“Nunca subestimo la fortaleza de la voz del pueblo estadounidense, así es, desde luego, de cualquier forma que puedan hacer oír sus voces en agosto sería algo muy positivo”, señaló Pelosi.
El jueves, 93 presidentes y líderes de universidades católicas en EE.UU. enviaron una carta al Congreso, dirigida en particular a los congresistas de esa fe, con el mensaje de que el sistema migratorio está “roto” y es “moralmente indefendible”.
Grupos cívicos, religiosos y empresariales a favor de la reforma migratoria, tanto de corte progresista como conservadores, piensan dirigir sus campañas de presión en agosto a distritos que puedan inclinar la balanza hacia la aprobación de la reforma. EFE
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