PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — En los últimos dos años, los políticos en Washington se han enfocado en saber qué salió mal en el fallido operativo para rastrear el tráfico de armas conocido como Rápido y Furioso y en cómo estas fallas contribuyeron a la muerte de un agente fronterizo estadounidense.
Pero en todo ese tiempo, los procesos judiciales contra los objetivos de la investigación han avanzado a paso firme y culminarán este mes cuando sean sentenciados ocho intermediarios que compraban armas para una organización traficante. Un juez en un caso por separado pero relacionado sentenciará en marzo a un hombre por su participación en la muerte del agente Brian Terry en un tiroteo en 2010 al norte de la frontera entre México y Arizona. Dos rifles comprados por un integrante de una red de contrabando de armas se encontraron en el lugar de la balacera.
Robert Heyer, primo de Terry y líder de una fundación que lleva el nombre del agente, dijo que la familia ha encontrado un poco de alivio en el avance de los procesamientos, pero no descansará hasta que los casos se resuelvan por completo y se den pasos para asegurar que nunca se repitan los errores.
“Estamos felices de ver que estos compradores de armas sean sentenciados”, dijo Heyer.
Las autoridades federales que realizan la investigación de Rápido y Furioso han enfrentado duras críticas por dejar ir a los prestanombres que compraban armas en Arizona en lugar de arrestarlos e incautar las armas en ese momento.
La investigación comenzó en 2009 para atrapar a los líderes traficantes, pero los agentes perdieron el rastro de unas 1.400 de más de 2.000 armas. Las autoridades creen que la organización abastecía al cártel de Sinaloa, en México. Algunas armas compradas por la organización después se encontraron en sitios de México y Estados Unidos donde se cometieron delitos.
Los tropiezos del operativo se descubrieron —y se examinaron posteriormente en audiencias legislativas en Estados Unidos— después de que se encontraron dos rifles comprados por un integrante de la organización que traficaba armas el 14 de diciembre de 2010 en el lugar donde Terry resultó mortalmente herido. La balacera ocurrió entre agentes fronterizos y cinco hombres que se habían infiltrado al país desde México para robar marihuana a traficantes.
El caso de la organización de tráfico de armas ha avanzado en las cortes mucho más rápido que el caso de los hombres acusados de la muerte de Terry.
Hasta ahora, 15 de las 20 personas acusadas en el caso de armas se han declarado culpables de los cargos. La mayoría de los declarados culpables son intermediarios que manifestaron comprar las armas para ellos cuando en realidad las compraban para una organización. Uno de los líderes de ésta también se declaró culpable.
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