La administración Trump ha citado al menos a 70 menores de 1 año, en los últimos diez meses, para que se presenten en tribunales de inmigración y enfrenten solos sus propios procesos de deportación, según datos del Departamento de Justicia proporcionados a Kaiser Health News.
Se trata de bebés que necesitan estar en contacto frecuente con sus padres, que duermen la siesta varias veces al día, y que, en algunos casos, hasta están todavía en edad de ser amamantados, dijeron expertos médicos. No pueden hablar y recién están aprendiendo la diferencia entre el día y la noche.
“Para los bebés, las rutinas básicas son realmente importantes. Que los carguen, la alimentación adecuada, la crianza adecuada”, dijo Shadi Houshyar, quien dirige las iniciativas de infancia temprana y bienestar infantil en el grupo de defensa Families USA.
El número de menores de 1 año en esta situación se ha triplicado en dos años.
Los datos del Departamento de Justicia muestran que un total de 1.500 niños “no acompañados”, desde recién nacidos hasta los 3 años, han sido llamados a presentarse ante un tribunal de inmigración desde el 1 de octubre de 2015.
Aproximadamente las tres cuartas partes de estos niños están representados por un abogado y tienen que presentar su caso sobre por qué deberían permanecer en Estados Unidos.
Los funcionarios que revisan estos casos de deportación dicen que la mayoría de los niños menores de 1 año cruzan la frontera con un padre y sus casos proceden de manera conjunta.
Pero a algunos se los consideró “no acompañados” solo después de que las autoridades fronterizas los separaron de sus padres por la política de “tolerancia cero” de la administración Trump hacia los inmigrantes. Los niños fueron enviados a instalaciones a lo largo de Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
“Esto es hasta cierto punto una… crisis creada por el gobierno”, opinó Robert Carey, quien anteriormente encabezó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que se hace cargo de la custodia de menores no acompañados. “Es un giro trágico e irónico de los hechos”, agregó.
Los niños más pequeños también se consideran “no acompañados” si ingresan a Estados Unidos con un miembro de la familia que es mayor que ellos, pero que aún no cumplió los 18 años. Los datos no aclaran cuáles niños llegaron de esa manera o cuáles fueron separados de sus padres.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de más datos sobre dónde están alojados los niños. Podrían estar en un hogar temporal o en una casa grupal, con un familiar o patrocinador, o tal vez ya se hayan reunido con un padre. El HHS, que opera la oficina de reasentamiento de refugiados, no hizo comentarios al momento de publicar esta historia.
En declaraciones anteriores, el gobierno ha argumentado que la separación, y sus consecuencias, son desafortunadas pero inevitables, según la ley.
“Hay una forma segura de evitar la separación de sus hijos. Preséntese legalmente… o quédese en su país de origen, y siga el proceso que otros hacen”, dijo Alex Azar, secretario del HHS, en una llamada de prensa a principios de este mes. “Ninguno de nosotros quiere niños separados de sus padres. No quiero tener ningún niño bajo nuestro cuidado y custodia”.
La cantidad de niños no acompañados convocados a la corte desde el 1 de octubre de 2015 aumenta a 2.900 si se incluyen niños de hasta 5 años. El total aumentará entre ahora y el 30 de septiembre, cuando finalice el año fiscal, afirmó Susan Long, experta en estadísticas de la Universidad de Syracuse y directora de TRAC, un repositorio de datos sobre inmigración y tribunales federales. También hay un retraso acumulado en el ingreso de datos.
En junio, un juez de distrito en San Diego ordenó al gobierno federal reunificar a las familias dentro del mes a partir del fallo, específicamente ordenándoles que reunieran a los niños menores de 5 años con sus padres hasta el 10 de julio, a más tardar.
El HHS reunió a cerca de la mitad de esos niños hasta el 12 de julio: 57 de 103. El gobierno dijo que otros no pudieron volver con el padre, citando en algunos casos “antecedentes penales graves” o progenitores que están actualmente en la cárcel.
En 12 de los casos, los padres de esos niños ya habían sido deportados. En otro, el gobierno no pudo determinar dónde se encontraba el padre del niño, y en otro, el padre tenía una “enfermedad contagiosa”, dijo el HHS.
El Departamento de Seguridad Nacional, que emite las órdenes judiciales, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
En los casos de deportación, los niños no tienen derecho a un abogado pro bono, pero sí a una lista de abogados que ofrecen su ayuda, con los que el cuidador actual del niño puede comunicarse.
Y los niños pequeños raramente conocen los detalles de por qué huyeron de su país de origen, especialmente sin un padre presente, señaló Eileen Blessinger, abogada de inmigración con sede en Virginia que ha estado ayudando a padres.
“Piénsalo como un padre. No vas a decirle a tu hijo que podrían matarlo, ¿verdad? “, dijo. “Muchos de los niños no saben nada”, agregó.
El tribunal de inmigración, que es una unidad administrativa del Departamento de Justicia, es diferente de los típicos tribunales. Lidia con “entrevistados” que pueden ser demasiado jóvenes para hablar, pero no tiene trabajadores sociales o recursos legales enfocados en el mejor interés de un niño, aseguró Lenni Benson, profesor de la Facultad de Leyes de Nueva York y fundador del Proyecto Safe Passage, que proporciona servicios legales a jóvenes migrantes.
“Un juez de inmigración no está escuchando que la mamá quiere al niño, y que hay que decidir qué es lo mejor”, dijo Benson. En cambio, a lo que presta atención es que “el gobierno te ha acusado de ser un posible ‘deportable’. ¿Tienes pruebas que demuestren que tienes derecho a estar aquí?”, agregó.
Benson contó que, en 2014, durante una audiencia en un tribunal de inmigración, un juez pidió que sacaran de la sala a un bebé que estaba llorando. Benson contó que respiró profundo antes de decirle al juez que el bebé era el próximo demandado en el expediente, y le pidió a la abuela que interviniera.
Es mucho lo que está en juego para los bebés y para cualquier migrante que huye de la violencia, dijo Paul Wickham Schmidt, un exjuez de inmigración que se retiró en 2016 después de 13 años en el tribunal en Arlington, Virginia.
“Las órdenes finales de deportación tienen consecuencias”, dijo. “Para algo que tiene un resultado muy serio, este sistema ha sido descrito como que trata casos de pena de muerte en una corte de tránsito”.
Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y jueza especializada en casos de menores en Los Ángeles, reconoció que la administración debilitó una directiva sobre cuánto pueden los jueces ayudar a los menores en los tribunales. Aun así, dijo, los jueces hacen todo lo posible para garantizar que los niños pequeños tengan una audiencia justa.
Datos del Departamento de Justicia muestran que las denegaciones de asilo están alcanzando su punto más alto de la última década: 42%, y la agencia de noticias Associated Press informó que la administración ha hecho más difícil probar la necesidad de un individuo de recibir asilo.
Al mismo tiempo, los niños pueden verse afectados por la falta de recursos, dijo Blessinger.
La abogada describió a un cliente cuya hija de 7 años recibió apoyo legal de una organización benéfica con sede en Nueva York. Incluso en ese caso, dijo, la organización actuó simplemente como un “amigo de la corte”, en lugar de un abogado de pleno derecho, solicitando retrasos en los procedimientos hasta que el niño y la madre pudieron reunirse. Algo que finalmente sucedió este martes 17 de julio por la noche.
“Es la experiencia más triste. Estas personas no se recuperarán en el corto plazo”, dijo. “Los padres siguen llorando, incluso después de que se han reunido”.
Fuente: CNN
