SAN FRANCISCO (AP) — El alguacil de San Francisco, Ross Mirkarimi, ha defendido la decisión de su oficina de liberar a un mexicano que se encontraba en situación migratoria irregular en el país y que ahora es sospechoso de matar a una mujer en un muelle turístico.
Mirkarimi dijo que la Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debería haber emitido previamente una orden de arresto para Francisco Sánchez.
“El ICE sabía que lo habían deportado cinco veces”, dijo Mirkarimi. “Uno diría que había llegado a un nivel que requería una orden judicial. No lo hicieron”.
Los fiscales acusaron a Sánchez del asesinato de Kathryn Steinle, muerta a tiros el miércoles pasado en el concurrido Muelle 14 donde paseaba con su padre.
Tras el asesinato de Steinle llovieron las críticas sobre esta ciudad porque Sánchez había sido deportado reiteradamente y estaba en libertad porque las autoridades locales desoyeron un pedido de las autoridades migratorias de retenerlo en la cárcel.
San Francisco, junto con decenas de municipios en todo el país, no coopera plenamente con las autoridades federales de inmigración. La ciudad incluso se jacta de ser un “santuario” para la gente que se encuentra en el país ilegalmente.
En una entrevista en la cárcel con una televisora local, Sánchez, un violador reincidente de las leyes sobre drogas, aparentemente confirmó que había ido a la ciudad porque era un santuario.
El caso provocó una lluvia de críticas del ICE, políticos y comentaristas en las redes sociales, que coincidieron en calificar el asesinato de tragedia evitable.
“La mayor culpa debe recaer sobre el alguacil de San Francisco, porque su departamento lo tenía preso y tomó la decisión de liberarlo sin advertir a ICE”, dijo Jessica Vaughan, del Centro de Estudios sobre Inmigración, con sede en Washington, que aboga por una política de inmigración rígida.
El representante republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión Judicial de la cámara, culpó a la ciudad y el gobierno del presidente Barack Obama: “El trágico asesinato de Kate Steinle pone de relieve una vez más la necesidad de poner fin a estas políticas temerarias”.
El senador republicano Ron Johnson, presidente de la comisión de seguridad nacional de la cámara alta, dijo que no comprendía por qué el hombre fue liberado a pesar de su prontuario criminal y falta de estatus legal.
Philip Miller, un agente de ICE, dijo que la culpa era de las autoridades de San Francisco por no acatar el pedido federal de mantener en la cárcel a Sánchez.
El alcalde Ed Lee dijo en un comunicado que la norma municipal no tenía la intención de proteger a “criminales reincidentes, graves y violentos”. Pidió que instituciones locales y federales estudien lo sucedido.
