WASHINGTON (AP) — Más que ningún otro sector, la industria de la alta tecnología logró grandes ganancias en el proyecto de reforma migratoria que aprobó la semana pasada la Comisión Judicial del Senado, gracias a un esfuerzo concertado de cabildeo, un aliado con una posición ideal en la cámara alta y una oposición relativamente débil.
El resultado fue equivalente a una bonanza para la industria: una cantidad sin límite de tarjetas verdes (de residencia permanente) para extranjeros con ciertos títulos avanzados en universidades estadounidenses y un enorme incremento en el número de visas para trabajadores extranjeros altamente especializados.
Y gracias a la intervención del senador republicano Orrin Hatch, la industria logró reducir considerablemente los controles que pretendía el senador demócrata Dick Durbin, dirigidos a proteger a los trabajadores estadounidenses.
A cambio, Hatch votó a favor de la iniciativa cuando fue aprobada en la comisión y esto reforzó el impulso bipartidista a la propuesta en el transcurso de ésta hacia el pleno del Senado, adonde llegará el mes entrante. Para Durbin y sus aliados en los sindicatos, conseguir el apoyo de Hatch constituyó una victoria amarga.
“Hubo un acuerdo con la industria de la tecnología y el senador Hatch dijo que quería más, y eso fue lo que se necesitó para conseguir su voto”, dijo Durbin en una entrevista.
La industria de la tecnología “en verdad aprovechó el voto del senador Hatch para mejorar su posición en el proyecto de ley. Entiendo eso”, dijo Durbin. “Espero que la industria esté satisfecha y no pida más”.
Hatch contestó: “Miren, estas son empresas que buscan contribuir a la economía estadounidense en una forma que beneficie a los trabajadores estadounidenses y a los trabajadores extranjeros entrenados en Estados Unidos”.
Incluso antes de que la Comisión Judicial examinara la propuesta, la industria ya había visto concedida parte de su lista de pretensiones.
La propuesta de ley redactada por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos otorga tarjetas verdes de residencia permanente a cualquier extranjero que haya recibido una propuesta de trabajo en Estados Unidos y que tenga un título avanzado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas de alguna universidad estadounidense.
La iniciativa también aumenta el límite de visas H-1B dirigidas a inmigrantes altamente cualificados de 65.000 a 180.000 al año.
Sin embargo, el aumento de las visas H-1B estuvo acompañado de los nuevos requisitos dirigidos a garantizar que se dé a los trabajadores estadounidenses la primera oportunidad para conseguir el puesto de trabajo. Los directivos de la industria de la alta tecnología afirmaron que nunca aceptaron esa medida; Durbin insiste en que sí lo hicieron.
Una vez que el contenido del proyecto de ley se hizo público el mes anterior y directivos de la industria de la tecnología comenzaron a asimilar los detalles, apuntaron su atención al siguiente frente de batalla: la Comisión Judicial del Senado.
El sector encontró a su paladín en Hatch, cuyo estado Utah tiene una importancia cada vez mayor como empleador de alta tecnología. De manera fortuita, Hatch contaba con importante fuerza de negociación. Considerado uno de los votos republicanos decisivos en la comisión, fue cortejado por los senadores que escribieron la iniciativa, entre éstos Durbin y el senador demócrata Chuck Schumer.
Aun cuando la industria de la alta tecnología mostraba en público que respaldaba la iniciativa en gran medida, sus cabilderos comenzaron a trabajar tras bambalinas con la oficina de Hatch en una serie de enmiendas que él presentaría en la comisión para neutralizar cláusulas cruciales que Durbin había pedido.
La industria objetó que se utilizara la tasa de desempleo para determinar el aumento del número de visas H-1B. Una enmienda de Hatch habría retirado dicha tasa de la ecuación.
El sector tecnológico consideró inviable una disposición que lo obligaba a ofrecer primero un empleo a un ciudadano estadounidense por encima del portador de una visa H-2B en casos en que ambos tengan el mismo nivel de especialización.
Hatch buscó limitar ese requisito a las empresas que más dependen de las visas H-1B, lo cual excluía a muchas de las principales compañías estadounidenses.
La iniciativa pretendía prohibir a las empresas desplazar a un trabajador estadounidense dentro de los primeros 90 días de que se presentara una solicitud de visa H-1B. Hatch también intentó limitar ese requisito a grandes empleadores que necesitan trabajadores con visas H-1B.
Durbin objetó los cambios. Los sindicatos —que en su mayor parte habían estado enfocados en otras prioridades como la opción hacia la ciudadanía y un programa separado de visas que permita la llegada de trabajadores poco cualificados a Estados Unidos_, también se opusieron.
Sin embargo, ni los senadores ni sus asesores vieron como una preocupación seria la oposición de la central sindical AFL-CIO. Confiaban en que el sindicato no retiraría su apoyo a una iniciativa que ofrecería la ciudadanía a millones de personas, para en su lugar favorecer una cláusula que afecta relativamente a pocos trabajadores sindicalizados.
Ana Avendaño, asesora del presidente de la AFL-CIO para inmigración y acción comunitaria, reconoció que el fuerte apoyo del sindicato a la opción para obtener la ciudadanía obstruyó su influencia en otros puntos.
“No hemos virado de nuestro compromiso con la opción a la ciudadanía. Pero estamos igualmente comprometidos con otras partes de este proyecto de ley, y esto dificulta nuestra lucha por nuestras prioridades”, afirmó.
“El sector de tecnología fue extremadamente afortunado de haber encontrado un aliado en la comisión que pudiera abrir un acuerdo que ya estaba sellado”, apuntó.
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