Uno de los temas álgidos cuando se habla de reforma a las leyes de inmigración es el de los impuestos. Y casi se ha vuelto un mito el hecho de que los inmigrantes que trabajan sin permiso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por las sigla en inglés), no cumplen con esa obligación.
Pero la realidad supera la ficción. Una cosa es que existan inmigrantes sin permiso para permanecer en el país que no llenan su formulario para declarar impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, Internal Revenue Service) y otra, bien diferente, es que no paguen impuestos.
Daniel Jerez es un colombiano de 42 años que llegó a Estados Unidos en 1999. “Un mes después de que llegué empecé a trabajar como ayudante de mantenimiento de piscinas y de cada cheque que me pagaban me descontaban dinero para impuesto federal sobre mis ingresos, para Seguro Social y para Medicare. El descuento nunca ha parado desde entonces”, comentó Jerez.
Si tenemos en cuenta que el promedio de salario de Jerez ha sido de ocho dólares la hora durante los últimos 14 años (con rangos de entre 3.35 dólares la hora hasta 22 dólares la hora), su contribución al Seguro Social supera los 14.000 dólares.
En este cálculo no se tienen en cuenta los ingresos por horas extra, ni el hecho de que Jerez ha tenido más de un trabajo al mismo tiempo, como ocurre con el inmigrante promedio que a veces se desplaza hacia tres puestos de trabajo diariamente.
Tampoco entramos en detalle acerca del descuento para el Medicare, que es el sistema de salud dedicado principalmente a los jubilados mayores de 65 años. Actualmente, el aporte del trabajador equivale al 1,45% de cada pago de salario para el Medicare y 6,2% para el Seguro Social.
Los inmigrantes que se jubilan sin haber alcanzado la legalización de su estatus ante Inmigración, o los que regresan a su país de origen, ya sea por cuenta y decisión propia o porque son deportados, jamás ven, ni verán, un dólar de los aportes a su pensión o jubilación.
No se sabe cuántos son los inmigrantes que han abandonado el país dejándole al gobierno federal sus ahorros para la vejez, pero lo que sí se sabe es que la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés), envía cada año a un fondo fiduciario miles de millones de dólares que provienen de aportes que no pueden ser asignados a números de seguro social que no concuerdan con los nombres.
Esos ingresos que no pueden ser asignados a persona alguna, pero que los formularios W-2 (en ellos se reportan los ingresos de los empleados) fueron expedidos y pagados, duermen el sueño de los justos en una base de datos denominada Archivo de Salarios en Suspenso (Earnings Suspense File).
Entre 1937 y 2010, ese archivo acumuló 320 millones de formularios W2, según cifras de la SSA confirmadas a la AP por Carmen Moreno, Directora Regional de Comunicaciones en Chicago, Illinois. Moreno destacó que la SSA mantiene en el mencionado archivo “información de salarios, no dólares (como tal)”.
Cada año, en promedio, la SSA procesa cerca de 240 millones de partidas salariales provenientes de 6,7 millones de reportes que envían los empleadores y que totalizan muchos miles de millones de dólares en ingresos de los trabajadores.
“Hay reportes que no pueden ser asignados a una persona en específico porque el número de seguro social no concuerda”, según la SSA. “Recientemente 96% de las partidas salariales son asignadas con éxito a los archivos de los trabajadores (que las devengaron). El restante 4% pasa al archivo en Suspenso”.
En 2010, año del que la SSA tiene los datos más recientes, pasaron al Suspenso aportes por 8.718 millones de dólares para Seguro Social (incluyendo la porción de empleado y empleador, 6.2% cada uno) y 2.039 millones de dólares para Medicare. Más de 7,3 millones de trabajadores quedaron pendientes ese año de que les asignen su aporte.
Solamente en la década que va desde 2001 al 2010, el Archivo de Salarios en Suspenso acumuló aportes por 109.958 millones de dólares. No hay estadísticas disponibles acerca de las ganancias que estarían generando al gobierno federal los fondos fiduciarios que administran esas sumas.
La buena noticia es que los trabajadores pueden recuperar esos aportes. La mala noticia es que, cuántos y quiénes, dependerá de lo que se resuelva en la reforma a las leyes de inmigración.
Sin reforma, Jerez está estrenando residencia legal permanente. Tuvo la suerte de que su empleador le tramitó su legalización a través de una petición laboral. Hoy todos sus aportes ya están en su cuenta del Seguro Social después de un trámite que incluye, básicamente, demostrar su identidad, anexar copia de sus formularios W2 y la declaración de sus impuestos.
La alegría de Jerez, al ver a su familia respirando tranquila sin el peligro a sufrir una deportación, tiene un sabor agridulce. Hace tres años deportaron a su hermano, cuyo nombre prefirió mantener en reserva.
Los aportes del hermano de Jerez a pensión y Medicare yacen en el Archivo de Salarios en Suspenso, junto con los de varios millones de trabajadores más que han sido deportados, que regresaron por su cuenta a su país de origen o que murieron sin que les hayan podido asignar un sólo dólar de sus aportes al Seguro Social o al Medicare.
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