Un grupo de trabajo bipartidista integrado por conocidos ex gobernadores y secretarios del gabinete presentó el jueves un paquete de recomendaciones que incluyen dar acceso a la ciudadanía a inmigrantes que entraron a Estados Unidos de manera irregular.
El objetivo de las propuestas es ejercer influencia tanto sobre el debate sobre inmigración en el Congreso, que en este momento se encuentra en su receso estival de cinco semanas, como sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado que está empantanado en la Cámara de Representantes, dominada por la oposición republicana.
El grupo, convocado por el Centro Bipartidista de Políticas Públicas, es presidido conjuntamente por la ex secretaria de Estado Condolezza Rice y el ex gobernador de Misisipi Haley Barbour, ambos republicanos, y el ex gobernador de Pensilvania Ed Rendell y el ex secretario de Vivienda Henry Cisneros, demócratas ambos.
Las recomendaciones del grupo incluyen la creación de una comisión independiente que evalúe la seguridad fronteriza; un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas que se encuentran en el país sin permiso; y un programa de visas que permita incorporar a trabajadores extranjeros a la economía, junto con penas más graves para empleadores que contratan o explotan a trabajadores que residen en el país ilegalmente.
“Consideramos que es posible encontrar terreno común sobre la base de principios fundamentales con los que acuerdan personas que abordan el problema desde distintos puntos de vista políticos”, dijo Michael Chertoff, quien fue secretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush, en una conferencia telefónica con la prensa.
“Tenemos la esperanza de que el país, cuando hacemos una pausa para tomar aliento durante el verano, observe hasta qué punto está quebrado el sistema y comprenda que el valor de una reforma basada en un consenso amplio supera de lejos los beneficios de la situación actual”, añadió.
Varias de las recomendaciones coinciden en general con el proyecto del Senado, que apunta a mejorar la seguridad fronteriza, la inmigración legal y la aplicación de la ley en el trabajo, así como un camino a la ciudadanía para los millones que ya se encuentran de manera irregular en el país.
Pero el grupo criticó el proyecto del Senado por su manera de abordar la seguridad fronteriza, un compromiso de último momento con el objetivo de obtener los votos republicanos y que destina 46.000 millones de dólares para duplicar el número de agentes en la frontera, completar cientos de kilómetros (millas) de muro y mejorar la tecnología con aviones teledirigidos, helicópteros y torres de vigía. Ese enfoque “no proporciona criterios de evaluación de la seguridad fronteriza basados en los resultados que resulten fiables y verificables”, dice el informe. Añade que se deben elaborar esas medidas y crear una comisión independiente para auditarlas y hacerlas públicas.
Algunos legisladores republicanos, descontentos con el proyecto del Senado, han formulado críticas similares, al señalar que es necesario abordar la seguridad fronteriza antes de dar el primer paso en materia de inmigración.
Con estas recomendaciones, miembros del centro republicano se suman a los que promueven soluciones globales en materia de inmigración, frente a las vacilaciones de la derecha del partido, que controla la cámara baja. En todo el país, dirigentes empresarios, sindicales o religiosos tratan de presionar a los representantes republicanos para que se pongan a trabajar en el tema apenas regresen a Washington en septiembre.
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