Un proyecto de ley presentado en Arizona que busca frenar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular al limitar la cooperación de la policía con las autoridades de migración es parte de la campaña nacional “Ni una deportación más”.
El lunes, una coalición de legisladores, grupos defensores de los inmigrantes de distintas partes del país y abogados de migración anunciaron su apoyo hacia la propuesta que buscaría neutralizar leyes estatales en Arizona y políticas federales que facilitan las deportaciones.
Su argumento fundamental es que la cooperación entre la policía local y el gobierno federal no solo ha hecho crecer el temor hacia las fuerzas de seguridad sino que ha resultado en la deportación de muchas personas que no tienen antecedentes criminales.
“No puede ser que por pararte por una luz rota resultes deportado”, dijo Lourdes Hernández, durante la conferencia de prensa. Su esposo lleva dos años en un centro de migración tras ser detenido por una violación de tráfico.
La propuesta presentada por el representante demócrata Juan Méndez impediría que las personas detenidas por la policía o que ingresan a una cárcel acusadas de un delito menor sean entregadas a migración.
El proyecto se llama “Ley de la Confianza”, por ser similar a otras medidas en California y en el Condado Cook de Chicago.
“Esto limita la forma en que la policía trabaja con el gobierno federal, para que se enfoquen en los verdaderos delitos que están siendo cometidos y para que nuestras comunidades puedan reparar la confianza que tienen con la policía”, dijo Méndez.
Con el programa llamado Comunidades Seguras, el gobierno federal comparte bases de datos con huellas digitales de personas detenidas por la policía y puede pedirle que detengan a esa persona en su nombre.
“Esta ley le da la posibilidad a las corporaciones policíacas de que ya no tengan que pasar a las personas con migración”, dijo Carlos García, director de la organización defensora de los inmigrantes PUENTE, con su sede en Arizona.
El proyecto también requiere que el gobierno federal cubra los costos asociados con la detención de cualquier persona por motivos migratorios.
García reconoció que será difícil lograr que la Legislatura estatal de Arizona apruebe una ley de este tipo, considerando que en el pasado, la mayoría republicana aprobó proyectos restrictivos. Pero aseguró que es un comienzo para cambiar el tono del debate.
En el 2010, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, proclamó la ley que requiere que la policía contacte a las autoridades de migración si tiene sospechas de que una persona se encuentra ilegalmente en el país.
Méndez espera que el nuevo proyecto se convierta en un antídoto para la ley que inspiró propuestas similares en todo el país.
“A diferencia de la ley SB 1070, esta sí es constitucional”, dijo el abogado Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros. Varias partes de esa ley fueron derogadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2012.
La relación entre la comunidad inmigrante y las policías de Arizona ha estado dañada desde hace años debido al temor que instigó un acuerdo firmado entre migración y la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa en el 2007. El acuerdo, conocido como 287g permitió, que los oficiales del sheriff pudieran hacer las veces de agentes de migración realizando redadas en vecindarios.
El año pasado un juez federal prohibió este tipo de operativos y declaró las acciones del sheriff Joe Arpaio anticonstitucionales por haber discriminado contra conductores latinos. En el 2010, la aprobación de la ley SB 1070 despertó la desconfianza tras hacer obligatorio que cualquier fuerza policial cooperara con las autoridades de migración.
Los defensores de la “Ley de la Confianza” aseguran que todo ese tipo de medidas han abierto las puertas a la discriminación contra los latinos.
Un sondeo realizado por la Universidad de Illinois que se publicó en mayo de 2013 reveló que un 50 por ciento de los latinos entrevistados en el Condado Maricopa —el más grande en todo el estado de Arizona— temen contactar a la policía y que se les pida documentos migratorios.
Ante la ausencia de un cambio en las leyes federales de migración mediante una reforma migratoria, Méndez y la coalición que forma parte de la campaña “Ni una deportación más” esperan que otros estados aprueben medidas similares.
En el 2011, el Condado Cook aprobó una ordenanza que prohíbe la cooperación con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) a menos que se presente una orden para el arresto de un individuo.
Jesús García, un comisionado por el distrito 7 del Condado Cook viajó hasta Arizona para apoyar el proyecto de Méndez y aseguró que la ordenanza les había servido para restablecer la confianza de la comunidad con la policía.
“Nosotros tenemos que poner en el centro del debate el sufrimiento de las personas” Pablo Alvarado, director de La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) que encabeza la campaña “Ni una deportación más”. “Vamos a parar el daño que se está causando ahora mismo”, afirmó.
A la par del de Méndez, otro proyecto propone todo lo contrario, que la presencia de una persona indocumentada en Arizona se convierta en un delito por traspasar la propiedad privada del estado.
