La policía de Inmigración y Aduanas deportó el martes a uno de los 25 inmigrantes que se entregaron el mes pasado a las autoridades estadounidenses en la frontera Texas-Mexico para protestar por la política de inmigración.
La ICE (por sus siglas en inglés) dijo que un juez determinó que Rocío Hernández Pérez, mexicana de 23 años, no podía beneficiarse con la ley de inmigración. No se dieron más explicaciones.
La vocera de ICE, Leticia Zamarripa, dijo a la Associated Press que Hernández “fue expulsada del país”. Raul García, cónsul mexicano en El Paso, confirmó que fue enviada de regreso a la capital de México.
“Ella ya no se encuentra aquí y estamos desconsolados”, dijo por teléfono desde un centro de detención Israel Rodríguez, uno de sus compañeros.
Los detenidos pasaron años en Estados Unidos, a donde los introdujeron sin autorización cuando eran niños. Exigen que se les permita regresar. Ellos son parte de un grupo de inmigrantes conocidos como “dreamers”, en referencia al Ley Dream que podría otorgar residencia permanente a estudiantes cuyos padres los trajeron sin permiso legal a Estados Unidos.
David Bennion, abogado de los detenidos, espera que 17 de ellos que han completado sus entrevistas de “temor creíble”, un primer paso en el proceso de asilo, sean liberados bajo palabra. Bennion explicó que los dos principales factores considerados para su liberación son si la persona está en riesgo de huir y si la persona podría poner en peligro a la comunidad.
“Se presentarán a sus audiencias”, agregó. “Y ellos son estudiantes, no un peligro para la comunidad”.
Los 25 activistas se cuentan entre 34 inmigrantes que cruzaron el puente internacional de México a Laredo, Texas, el 30 de septiembre a sabiendas de que carecían de autorización para entrar al país. Nueve de ellos, incluyendo tres padres y cuatro niños, así como un menor que no iba acompañado y la madre de un ciudadano estadounidense de cuatro años con problemas de salud, ya fueron liberados.
De esos 25, 16 pasaron la entrevista de temor creíble y uno de ellos recibió una recomendación de negativa de la oficina de asilo. Dos más tendrán una audiencia ante un juez el miércoles, dijo Bennion.
“Obviamente estoy molesto”, comentó Bennion sobre la deportación de Pérez. “No esperaba que el Departamento de Seguridad Nacional cambiara sus propias políticas y procedimientos porque son ‘dreamers”’.
Carlos Spector, abogado local de inmigración y que representa a más de 100 familias que buscan asilo arremetió contra el grupo.
“Lo que están haciendo se ajusta a la narrativa anti-inmigrante de que la gente (los que aseguran la necesidad de asilo en Estados Unidos) sólo vienen a arreglar sus papeles”, dijo Spector. “Es trágico y triste que las personas se vean obligadas a tomar medidas desesperadas, pero no se utilizan medidas desesperadas si va a herir a otros”.
