Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron el martes a 11 de 25 personas que se entregaron el mes pasado a las autoridades estadounidenses en la frontera entre Texas y México para protestar por la política de inmigración estadounidense.
Cinco de los 11 liberados eran mujeres. La excarcelación se dio luego de que una de los 25 activistas —una mujer mexicana— fuera deportada. La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que un juez determinó que Rocío Hernández Pérez no calificaba para beneficiarse de la ley de inmigración. No se dieron más explicaciones.
Hernández “fue expulsada del país”, dijo la vocera de ICE, Leticia Zamarripa, a The Associated Press.
Raúl García, cónsul mexicano en El Paso, confirmó que fue enviada de regreso a la capital de México.
“Ella ya no se encuentra aquí y estamos desconsolados”, dijo por teléfono desde un centro de detención Israel Rodríguez, otro de los detenidos.
Pero 11 se reencontraron con la libertad cuando el Centro de Procesamiento de El Paso, de la ICE, los liberó a las 7 de la noche. A los organizadores de la protesta se les dijo que recogieran a los liberados en auto. En lugar de irse de inmediato, los 11 bajaron de los vehículos tan pronto como subieron para celebrar unos con otros. Los guardias finalmente los sacaron del recinto.
Uno de los liberados, Leonardo Contreras, dijo que era una victoria agridulce. “Deberíamos estar felices, pero estamos tristes por las noticias de la deportación” de Hernández, manifestó Contreras, de 33 años, quien vive en un suburbio de la ciudad de Nueva York.
Contreras dijo que el año pasado le faltaba un semestre para completar sus estudios de ingeniería civil en el colegio universitario municipal de Westchester cuando se enteró de que su padre agonizaba de cáncer en la casa de su familia en Guadalajara, México. Se enfrentó a la disyuntiva de quedarse en Estados Unidos para continuar con sus estudios o regresar a México para estar con su padre los últimos días de su vida.
Eligió estar con su familia, pero encaró enormes obstáculos a su regreso a Estados Unidos. Ahora que quedó en libertad, dijo que su próximo paso era viajar a Washington D.C. para tratar de reunir apoyo para los 13 que siguen detenidos, ocho de los cuales no aprobaron una crucial entrevista con las autoridades migratorias.
Sara Román, madre de una de las mujeres liberadas, dijo que estaba feliz por su hija. Pero agregó que estaba triste por aquellos que continuaban detenidos.
“Vinieron como niños, y no pudieron opinar al respecto”, dijo la mujer de Lancaster, Carolina del Sur, sobre su ingreso sin autorización legal a Estados Unidos. “Se merecen una oportunidad. Necesitan estar aquí”.
Los 25 activistas se cuentan entre 34 inmigrantes que cruzaron el puente internacional de México a Laredo, Texas, el 30 de septiembre a sabiendas de que carecían de autorización para entrar al país. Nueve de ellos, incluyendo tres padres y cuatro niños, así como un menor que no iba acompañado y la madre de un ciudadano estadounidense de cuatro años con problemas de salud, fueron liberados previamente.
Los 25 detenidos pasaron años en Estados Unidos, a donde los trajeron sin autorización cuando eran niños. Exigen que se les permita regresar. Ellos son parte de un grupo de inmigrantes conocidos como “dreamers”, en referencia al Ley Dream que podría otorgar residencia permanente a estudiantes cuyos padres los trajeron sin permiso legal a Estados Unidos.
El abogado local de inmigración Carlos Spector, quien representa a más de 100 familias de solicitantes de asilo, criticó al grupo.
“Lo que hacen encaja en la narrativa antiinmigrante de que las personas (que afirman que necesitan asilo en Estados Unidos) solo vienen a arreglar sus papeles”, dijo Spector. “Es trágico y triste que las personas se vean forzadas a tomar medidas desesperadas, pero no usas una medida desesperada si va a afectar a otros”.
