Inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal regresaron a sus parques de casas-remolque en las zonas azotadas por inundaciones en Colorado para encontrarse con que no hay nada que rescatar: ni los autos destruidos por el agua, ni fotos familiares ni cobertizos arrastrados por las crecidas.
La destrucción, sin embargo, fue apenas el comienzo de lo que han sido dos semanas de pesadilla. Ellos no tenían seguro de inundaciones. Y como no son ciudadanos ni residentes legales — y no tienen familiares que lo sean — no van a recibir ayuda federal.
“Dicen que lo último que se pierde es la fe y la esperanza”, declaró Juan Partida, de 40 años, quien trabaja en una fábrica de alimentos y quien junto con su esposa Mari, quien está embarazada, está fuera del alcance de la asistencia del gobierno porque se encuentran en el país sin permiso legal.
“Tenemos que tener fe y esperanza de que recibiremos ayuda”, agregó.
La posibilidad de que los inmigrantes puedan rehacer sus vidas, aunque sea sólo con asistencia del gobierno local y de organizaciones caritativas, tendrá repercusiones en la actividad económica del condado Weld, que depende de su mano de obra como por ejemplo en fábricas, granjas, sitios de construcción y hoteles.
“Han perdido sus viviendas y muchos de ellos han perdido sus vehículos. Ellos están afectados y por lo tanto la economía local se verá afectada”, dijo Lyle Achziger, alcalde de Evans, una ciudad en las planicies del norte del estado, cuya población de 19.500 habitantes es 43% latina.
Achziger dijo que las autoridades que han venido al auxilio de la comunidad se han ido enterando de la importancia que tienen los inmigrantes para la economía de la región. Añadió que esperan poder ayudarles al hacer que se registren con la municipalidad, con las oficinas del condado o con agencias de asistencia.
“Les hemos dicho que el estatus migratorio no nos importa, y lo repito, el estatus migratorio no nos importa. Lo que nos importa es que la gente no esté pasando frío, que tenga dónde quedarse, que tenga comida caliente”, dijo Achziger.
La planta empacadora de carne JBS en Greeley emplea a unos 50 inmigrantes cuyas familias ahora se ven desplazadas. La empresa les ha pagado hoteles y comida y ha tratado de ponerlos en contacto con los servicios de ayuda disponibles, dijo el portavoz de la empresa Cameron Bruett.
“Ciertamente son parte esencial de nuestro equipo”, comentó Bruett.
Las inundaciones que afectaron al parque de casas móviles en Evans la mañana del 13 de septiembre ocurrieron súbitamente y los habitantes apenas tuvieron tiempo de salir. Algunos se quedaron sólo con lo que tenían puesto.
En el trailer de Partida, él y su esposa tenían aún los juguetes de sus hijos de 8 y 3 años que murieron en un accidente vial hace casi un año. “Lo que más me entristece es que no pude sacar nada de esas cosas”, dijo Partida.
En total había allí unas 150 viviendas. Ahora todas portan una X anaranjada, símbolo de que no son habitables.
Muchos de los habitantes de la zona son de México, y los que están en el país sin permiso legal no pueden recibir ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), a menos que tengan hijos que sean ciudadanos estadounidenses o que tengan algún familiar que sea residente legal.
Incluso para aquellos que tienen derecho a ayuda de FEMA, los activistas por los derechos de los inmigrantes temen que existe una carencia de hispanohablantes para ayudarles a lidiar con el sistema.
FEMA insiste en que tiene suficientes trabajadores hispanohablantes in situ para ayudar a los inmigrantes. El portavoz Daniel Llargues dijo que la agencia está comprometida a “asegurarse de que ellos están recibiendo la información que necesitan para recuperarse” y que trabajadores que hablan español han estado tocando puertas y estacionados en centros de asistencia.
Cuando un inspector de FEMA visitó a Sofía Méndez, de 59 años, el encuentro la dejó confundida sobre qué ayuda va a recibir. Méndez, que está naturalizada, comenzó a comprar su remolque en Evans hace un año, por 29.000 dólares.
En su hogar esta semana, Méndez caminaba lentamente, ayudada por un bastón, y con botas plásticas para desplazarse entre el lodo. Su voz temblaba mientras mostraba los daños.
“Ésta es una foto de mi nieta”, dijo, apuntando a un marco con tanto lodo que apenas se podía distinguir un rostro. Apuntando a los azulejos en el mostrador de la cocina, dijo: “Yo las pongo ahí”.
Por ahora, Méndez y su hijo de 28 años, que es minusválido, se están quedando con amigos.
En el vecino Milliken, un pueblecito en medio de campos de cultivo, casas-remolque que estaban cerca de los ríos Big Thompson y Little Thompson sufrieron una devastación similar. Los hispanos son 28% de los 5.800 residentes del pueblo.
Cuarenta y cinco remolques sufrieron daños diversos, dijo el alcalde Milt Tokunaga. “No importa si una persona es indocumentada o no en lo que respecta al impacto, porque ellos pagan impuestos aquí, hacen sus compras aquí”, dijo.
Por el momento, muchas familias han estado dependiendo de amigos y familiares para vivienda, y organizaciones como la Cruz Roja e iglesias para ropa, alimentos y otros suministros. Ha habido donaciones anónimas. Alguien pagó para albergar a 20 familias en hoteles hasta el fin del mes.
“Todos han sido increíbles con las familias, pero todo ha sido sobre bases temprales, día a día. Como que puedes dormir aquí esta noche, aquí tienes comida para hoy”, le dijo a funcionarios de FEMA Allison MacDougall, residente de Milliken, durante una reunión en el pueblo esta semana.
Los funcionarios le dijeron que preferirían que no fuese así, pero que todo lo que podían hacer era referirla a organizaciones de voluntarios.
“Nosotros nos vimos inundados, como todos los demás. Sufrimos los mismos daños”, dijo Norma Miramontes, de 42 años, que junto con su esposo, un trabajador de la construcción, está en el país sin permiso legal.
Ellos podrían tener derecho a ayuda federal porque la madre de Norma, que vive con ellos, es residente legal, pero no han sido contactados por FEMA. “Nosotros pagamos impuestos, trabajamos aquí”, dijo Miramontes. “No estamos obteniendo nada gratis”.
