WASHINGTON (AP) — Senadores de ambos partidos presentaron el lunes los principios que esperan ver antes del 1 de marzo en un proyecto de ley para una reforma migratoria integral, la cual permitiría a los indocumentados sin prontuario policial obtener inmediatamente un estatus legal de manera temporal.
Pero ninguno de los senadores presentes en la conferencia de prensa pudo precisar cuánto tiempo después los indocumentados pudieran solicitar la residencia permanente, porque aún no se han definido los parámetros para evaluar la seguridad fronteriza, uno de los precondiciones establecidas en el documento de cuatro páginas difundido el lunes.
El senador demócrata Charles Schumer señaló que si la ley es aprobada “quienes viven en las sombras obtendrán inmediatamente el derecho legal a quedarse aquí y trabajar, y no serán deportados siempre que no tengan prontuario criminal”.
A fin de satisfacer las inquietudes republicanas, el plan estipula que los indocumentados en estatus temporal —que les impide recibir prestaciones federales— solo podrán solicitar la residencia permanente después de que se completen ciertas medidas en materia de seguridad fronteriza y de vigilancia a quienes llegaron a Estados Unidos con visas.
El senador demócrata Dick Durbin dijo a AP que es “difícil decir” cuánto tiempo tendría que esperar un indocumentado en estatus temporal antes de solicitar su residencia permanente.
“Depende obviamente del trabajo que se haga en la frontera. Vamos a establecer estándares para seguridad fronteriza, y si alguna vez vamos a pasar a estas personas del estatus temporal a la residencia permanente, tomará tiempo”, indicó.
Durbin rehusó precisar si el plan contempla una fecha límite para que se certifique la seguridad fronteriza porque “aún lo estamos debatiendo”.
El anuncio de los senadores generó optimismo entre algunos.
“Casi lloro” , dijo Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación para los Inmigrantes, de Miami, refiriéndose al momento en que supo del acuerdo entre los senadores.
“Valió la pena, (fueron) 10 años de lucha… No ha sido fácil, pero estamos en el momento y vamos a llegar a una reforma justa”, expresó a la AP tras una conferencia de prensa en la que activistas e inmigrantes de la Florida lanzaron una campaña para impulsar la reforma.
Pero el anuncio también generó numerosas reacciones tanto de grupos a favor de menos restricciones para la opción a la ciudadanía, como de aquellos que quisieran ver más.
“Tras la última elección, latinos y otros votantes esperan y exigen una legalización de entre 11 y 12 millones de personas”, dijo Arturo Carmona, director de la organización Presente.org. “Ninguna encuesta dice que los latinos y otros votantes quieren desperdiciar más dinero en el presupuesto ya hipertrofiado de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés)”.
Deepak Bhargava, director del Centro para el Cambio Comunitario —una organización fundada en 1968 para mejorar la calidad de vida de las minorías étnicas de bajos ingresos— dijo a AP que el acuerdo en el Senado es muy positivo, pero expresó su preocupación de que “las personas según este plan aparentemente no puedan convertirse en ciudadanos hasta que una meta se alcance en cuanto a seguridad fronteriza”.
Y agregó que otra preocupación es “si se agregará una cantidad grande de nuevas visas al sistema, si resolverán rápidamente los casos atrasados para que los indocumentados puedan convertirse en ciudadanos rápidamente. Es poco clara la propuesta, y despierta la duda de que si los detalles no son cuidados correctamente, la vía a la naturalización puede tardar más que un periodo razonable”.
Los indocumentados en estatus temporal solo podrían solicitar la residencia permanente después de que todas las solicitudes previas de inmigrantes legales hayan sido resueltas.
El senador republicano John McCain dijo que “aún tenemos trabajo por hacer (para mejorar la seguridad) a lo largo de la frontera (con México). La Oficina de Protección Aduanera y Fronteriza necesita tecnología mejor y nueva para monitorear y detector narcotraficantes y otros ingresos ilegales”.
Los senadores contemplan un proceso más ágil para la obtención de la ciudadanía para los llamados “dreamers”, es decir, los inmigrantes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños, y para los trabajadores agrícolas.
Aunque los detalles espinosos siguen pendientes de negociación y el éxito está lejos de haberse asegurado, el anuncio promete el inicio de lo que podría ser el intento más significativo en los últimos años hacia la revisión de las leyes de inmigración de la nación.
El presidente Barack Obama viajará a Nevada el martes para explicar su visión, la cual se espera que refleje de manera importante los planes del Senado.
La legislación está en gran desventaja en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos conservadores y en la que se ha mostrado poco interés por una reforma migratoria.
El representante demócrata Luis Gutiérrez, uno de los más activos a favor de la reforma migratoria integral en su partido, dijo en un comunicado que “lo más importante en este momento es mantener en movimiento los varios esfuerzos en marcha y no trazar líneas en la arena. Cada propuesta puede ser enmendada en algún momento por lo que soy optimista de que el comité de legisladores hispanos tendrá una participación importante en cualquier propuesta final”.
El representante republicano Mario Díaz-Balart también expresó su optimismo sobre los principios expresados en el Senado al calificarlos como “compatibles con las discusiones en la cámara baja”.
Otros criticaron la propuesta de los senadores por ser demasiado complaciente.
Rosemary Jenks, directora de asuntos gubernamentales de la organización NumbersUSA, dijo que los senadores “rehicieron el plan fallido de amnistía migratoria de hace seis años”, refiriéndose al proyecto de ley que fracasó en el Congreso en 2007.
“Si el Senado fuera serio sobre reformar nuestro sistema migratorio fallido, el primer paso de su plan sería el uso inmediato y obligatorio del E-Verify”, la base de datos del gobierno federal donde las empresas pueden actualmente verificar si sus empleados están legalmente habilitados para trabajar en Estados Unidos.
“En cambio, la propuesta de los senadores es ‘Amnistía 2.0’, medidas restrictivas insignificantes, amnistía masiva e incrementos en la migración legal, con los costos sobre los contribuyentes”, agregó.
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