AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Con casi 2 millones de inmigrantes ilegales y una larga frontera con México, Texas tiene más en juego que la mayoría de los estados en los renovados esfuerzos por reformar el sistema de inmigración del país.
Pero hasta ahora, el gobernador Rick Perry y los republicanos que controlan la legislatura estatal no han dicho nada en el debate.
No están reviviendo las decenas de contenciosas propuestas de ley de inmigración que alborotaron la legislatura estatal en el 2011. No se están presentando en programas televisivos ni de radio a fin de hablar del plan del presidente Barack Obama para regularizar la situación de los inmigrantes no autorizados. Ni siquiera están mencionando la palabra “inmigración”.
Cuando Perry pronunció su Informe al Estado recientemente — su primero desde su fallida candidatura presidencial — notablemente ausente de su discurso de 37 minutos estuvo una mención al tema.
El silencio evidencia el repentino cambio de dirección en el asunto desde los comicios de noviembre, en los que los hispanos votaron a favor de los demócratas por un margen de casi 3-1 y crearon un poderoso incentivo para que los republicanos cambien su política hacia ese creciente grupo.
En el Congreso, los republicanos han suavizado su oposición a la idea de crear una vía para la naturalización de inmigrantes que se encuentran sin permiso en el país, y un grupo bipartidista de negociadores en el Senado dio a conocer una propuesta que incluye precisamente esos planes.
Pero en Texas, el partido ha quedado virtualmente mudo en el Capitolio. Los líderes republicanos se encuentran atrapados entre su respaldo tradicional, residentes que se sienten invadidos por inmigrantes no autorizados, y una creciente población hispana. Las minorías representaron casi nueve de cada 10 nuevos residentes en Texas en el último decenio, y ese cambio demográfico pudiera transformar la política en un estado en el que los demócratas no han ganado un puesto estatal desde 1994.
“No existe el mismo entusiasmo que antes”, dijo el representante estatal republicano John Zerwas, al admitir el colapso de propuestas de ley tales como la que hubiera requerido que las agencias estatales compilasen los costos relacionados con los inmigrantes legales. “Pienso que lo estás viendo a nivel nacional, y probablemente un poco a nivel estatal”.
Similares tendencias existen en otras legislaturas estatales dominadas por los republicanos, pero quizás en ninguna es el cambio más evidente que en Texas, por la retórica encendida que tradicionalmente ha marcado el tema aquí.
Los republicanos de Texas regularmente usaron la inmigración no autorizada como arma de campaña contra demócratas como Obama y como punto unificador para conservadores, al tiempo que trataban de presentarse ante los residentes legales hispanos como el partido representante de sus valores.
Apenas hace dos años, en su Informe al estado, Perry convocó a castigar a las “ciudades santuario” que prohíben a la policía preguntar a los detenidos sobre su estatus de inmigración.
Ahora no se habla de eso.
“¿La razón? Ya se trató y fracasó”, dijo el presidente del Partido Republicano de Texas, Steve Munisteri. “Lo responsable es ahora concentrase en propuestas que tienen posibilidades de ser aprobadas”.
Pero, la inmigración no es algo fácil de ignorar en Texas.
Aproximadamente 16% de los inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos viven en el estado, de acuerdo con un reporte del Departamento de Seguridad Nacional en el 2012, y la inmigración deja una huella enorme en la infraestructura estatal.
Cuando un juez falló esta semana que el sistema de Texas para financiar su enseñanza pública era inconstitucional, la decisión estuvo de parte del argumento de que los fondos del estado no han seguido la pauta del creciente número de estudiantes con necesidad de instrucción extra para aprender inglés. El fallo pudiera obligar a la legislatura a reformar las finanzas escolares para el verano.
Tan candente fue el tema de la inmigración para los republicanos en Texas en la sesión pasada que la representante estatal Debbie Riddle acampó en las afueras de la oficina del secretario de la Legislatura para asegurarse de que sus propuestas contra la inmigración irregular fueran las primeras en ser registradas. En total se presentaron unas 50 propuestas sobre el tema.
Riddle, quien alguna vez advirtió que madres inmigrantes en Estados Unidos estaban dando a luz a “bebés terroristas” que cuando creciesen iban a atacar a ciudadanos estadounidenses, no ha presentado ninguna propuesta de inmigración.
Perry mantuvo posiciones duras hacia la inmigración ilegal durante su campaña por la presidencia, haciendo prácticamente un lema de su demanda de más fuerzas federales en la frontera. Pero otros candidatos republicanos fueron aún más severos. Perry terminó criticado por su respaldo en el 2001 a una ley estatal que permitió exenciones de matrícula para hijos de inmigrantes carentes de autorización.
Demógrafos del estado han predicho que los hispanos van a ser una numerosa minoría en Texas para el 2020, y se van a convertir en mayoría entre 10 y 20 años más tarde. En la última elección de gobernador, Perry consiguió menos del 40% del voto hispano, de acuerdo con sondeos a boca de urna.
El año pasado, los republicanos de Texas suavizaron sus posiciones sobre inmigración en la convención anual del partido, al admitir que no eran posibles deportaciones masivas y al convocar a la búsqueda de un terreno común. Seis meses más tarde, algunos republicanos de ultraderecha están furiosos porque el tema de inmigración no aparece siquiera en el radar del partido.
“Los republicanos del ‘establishment’ están tratando de acuñar un nuevo mensaje”, dijo María Martínez, directora ejecutiva de la conservadora Coalición sobre Inmigración y Reforma de Texas, que respaldó las propuestas sobre “ciudades santuario” en el 2011.
Texas pudiera aún tener influencia en un nuevo plan de inmigración. El plan de inmigración del Senado estadounidense crearía una comisión de legisladores y líderes de comunidades en estados fronterizos para evaluar cuándo se han completado medidas adecuadas de seguridad.
El representante demócrata Joaquín Castro, que previamente sirvió en la legislatura estatal, duda que su estado vaya a permitir que eso suceda.
“No pienso que Rick Perry y (la gobernadora de Arizona) Jan Brewer vayan a decir jamás que la frontera está segura”, dijo Castro. Dado que los conservadores están furiosos por el asunto, “ellos saben que enfrentan riesgos reales en las primarias si dicen que la frontera está segura”.
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