SAN FRANCISCO, California, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos solicitó el martes a una corte federal que suspenda la parte de la ley de inmigración de Arizona, promulgada en 2010, que prohíbe “albergar” a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en Estados Unidos.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Distrito escuchó los argumentos de los abogados sobre esa sección de la ley estatal que castiga a quien traslade, aloje o “albergue” de cualquier otra manera a las personas que estén ilegalmente en el país.
La disposición del “albergue” comenzó a regir en julio de 2010 y estuvo en vigencia hasta que un tribunal inferior prohibió el año pasado que la policía la aplicase. La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, pidió al 9no Distrito que anule el fallo del tribunal inferior.
Los abogados de la gobernadora Brewer dicen que la ley se aplica únicamente cuando las personas que violan otras leyes penales incurren también en asistir o transportar por el país a inmigrantes irregulares, y afirman que no contradice la legislación federal sobre la inmigración.
Los abogados de Brewer también aseguran que no hay evidencia de que la prohibición de albergar haya sido aplicada contra las personas u organizaciones representadas por una coalición de grupos de derechos civiles que impugnó judicialmente la ley.
El Departamento de Justicia federal, que ha impugnado legalmente a la ley de inmigración de Arizona pero no forma parte en el caso presentado por Brewer sobre la medida prohibida, consiguió que la corte de apelaciones permitiera que sus abogados participaran el martes en la argumentación en apoyo a la coalición.
El abogado Mark Stern, del Departamento de Justicia federal, alegó que es el gobierno nacional el que debe aplicar las leyes de inmigración, y no los estados, debido al estrecho vínculo de esas legislaciones con la política exterior y otros asuntos afines. Por si fuera poco, puntualizó, la ley de Arizona tiene una redacción ambigua que podría confundir a la hora de determinar a un posible infractor de esa legislación.
“La cuestión es si un estatuto se aplica exclusiva y directamente a un extranjero, a diferencia de alguien con que esté haciendo negocios y le esté ayudando, o sea un pariente de un extranjero”, dijo Stern a la corte. “Este estatuto está redactado en los términos más amplios posibles”.
Los abogados de Brewer argumentaron que la prohibición no entra en conflicto con las políticas federales, que tiene la finalidad de enfrentar a la delincuencia y que los detractores de la legislación no han demostrado que estén en posición legal de impugnar la prohibición.
“Hay muchas situaciones en que los estados y el gobierno federal persiguen los mismos delitos, como algunos homicidios y delitos por drogas”, dijo Kelly Kszywienski, uno de los abogados que representan a Arizona.
El juez John Noonan, del panel, criticó la manera en que la ley fue redactada. Se manifestó ofendido con el estado al señalar que la ley arremetía contra las personas que “violan un delito penal” y que esto hacía “incomprensible” la legislación.
“Es absurda así como está”, dijo Noonan. “¿Cómo violas un delito?”
El estado no tiene precedentes recientes de su lado. Otra corte federal de apelaciones prohibió a las autoridades la aplicación de prohibiciones similares de “albergue” en Alabama y Georgia.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Omar Jadwatt, dijo que la verdadera preocupación no eran las personas que vivieran sin permiso en Estados Unidos.
“Es preocupante para cualquiera que esté en forma regular y que traslade (en su vehículo) a amigos y vecinos, o parientes que no tienen calidad (legal). Debe ser alarmante para las personas que poseen recintos de alquiler”, indicó Jadwatt, quien representa a esa unión, conocida como ACLU por sus siglas en inglés, en el caso abierto por la coalición contra la ley. “Es también una preocupación para los chicos ‘Dream Act’, que tienen permiso del gobierno federal para estar aquí, pero Arizona cree que eso no es suficiente”.
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