WASHINGTON (Reuters) – Mientras los políticos en Washington discuten sobre nuevas medidas en torno al control de armas, los legisladores estatales ya han aprobado decenas de proyectos legales sobre el asunto tras la masacre en la escuela primaria de Newtown que desató un debate nacional en diciembre.
Las nuevas leyes estatales, una pequeña fracción de unas 1.500 normativas relacionadas con el control de armas que han sido propuestas, reflejan las vastas diferencias políticas e ideológicas en el debate sobre el derecho a portar armamento.
Este factor ayuda a explicar por qué los legisladores en Washington tienen tantas dificultades para llegar a un consenso sobre el tema.
Varios estados controlados por demócratas ya han hecho más estrictas sus leyes sobre la compra de armas, mientras que una decena de estados de tendencia republicana flexibilizaron varias de sus restricciones en torno al derecho constitucional a portar rifles y revólveres, entre otros dispositivos.
Las consecuencias pueden verse en las disparidades en la red de leyes sobre el control de armas y en una mayor división entre áreas urbanas donde la posesión de armamento es vista con sospecha y las áreas rurales donde estos dispositivos están firmemente integrados en la cultura.
En Nueva York, una nueva ley autoriza a la policía a hacer un seguimiento de las ventas de municiones y evita que los dueños de armas compren cargadores que puedan contener más de siete balas.
Una nueva ley en Maryland indica que los compradores de armas deberán ser sometidos a una toma de huellas dactilares y recibir una licencia. En Connecticut, donde ocurrió el asesinato de 20 niños y seis funcionarios en la escuela primaria Sandy Hook, las personas que poseen cargadores de alta capacidad tendrán que registrarse en oficinas del estado.
La masacre de Newtown originó un debate que inspiró la redacción de una legislación federal sobre el control de armas que ahora se encuentra en el Senado estadounidense.
Pero en muchos estados del oeste y el sur del país, los legisladores se mueven en la dirección contraria.
Arkansas ahora permite que se lleven armas a las iglesias, los bares y los bares. Una nueva ley en Wyoming permite que los magistrados porten armas en las audiencias y en Dakota del Sur los administradores de colegios tienen permitido armar a los profesores.
LAS FRONTERAS ESTATALES
Los legisladores estatales han presentado más de 1.500 proyectos de ley relacionados con las armas desde enero, de acuerdo a Sunlight Foundation.
Casi la mitad de estas propuestas harán más severas las normativas sobre el uso de armas, mientras que la otra mitad debilitarían las restricciones, según indicó la organización sin fines de lucro. De estas últimas, alrededor de 50 iniciativas han sido promulgadas.
Puesto que las armas pueden ser transportadas con facilidad a través de las fronteras estatales, las autoridades que intentan imponer fuertes controles a la compra de armas pueden ver sus esfuerzos socavados por las disposiciones de otros estados más permisivos, dijeron analistas.
“No hay detectores de metales en las fronteras (de estados)”, dijo James Alan Fox, criminólogo de la Northeastern University. “Cualquier capacidad de un estado para lidiar con el asunto de las armas está limitado por el hecho de que no es posible aislarse”, aseveró.
Personas a favor del control de armas dicen que existe una buena razón por la que el Congreso debe reforzar los controles de antecedentes de los compradores de armas, limitar el tamaño de los cargadores que pueden adquirirse y eliminar el armamento de asalto de estilo militar.
“Las legislaturas estatales que aprueban leyes irresponsables realmente ponen vidas en riesgo no sólo en su propio estado sino también en los vecinos”, dijo Laura Cutilletta, del Centro Legal para Prevenir la Violencia por Armas.
Los activistas que defienden la posesión de armas dicen que los estados están cumpliendo adecuadamente con su rol de “laboratorios de la democracia”, al permitir ver a los legisladores cuáles enfoques pueden funcionar y cuáles no.
Sostienen que las diferencias en las leyes también implican que quienes poseen armas pueden mudarse a los estados con más derechos sobre el asunto, en caso de que así lo quisieran.
“Creo que la diversidad es buena”, dijo Joseph Tartaro, presidente de la Fundación de la Segunda Enmienda. “Desde el punto de vista de la libertad personal, uno siempre está mejor cuando tiene más opciones”, declaró.
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