COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Una unidad especial de la policía de Carolina del Sur ha mostrado eficacia en su primer año de funcionamiento para investigar casos penales contra inmigrantes que viven sin permiso en el país, dijo el comandante de esa agrupación.
Esta fuerza local —la única de su tipo, según su comandante, el teniente Eddie Johnson— aún enfrenta desafíos para garantizar que la ciudadanía comprenda exactamente qué es y cuál es su cometido.
“Para todos nosotros ha sido un proceso de aprendizaje”, manifestó Johnson en fecha reciente a The Associated Press. “No falta trabajo que hacer, así que los agentes están ocupados”, dijo Johnson, agente del Departamento de Seguridad Pública estatal.
Johnson, efectivo veterano de la Patrulla de Carreteras y ex policía de la localidad de Sumter, es comandante de la Unidad Policial de Inmigración, creada como resultado de la estricta ley de inmigración decretada en 2011 en Carolina del Sur.
La normativa, similar a la de Arizona, obliga a todas las empresas a revisar la condición legal de los nuevos empleados mediante un sistema federal y además permite a los agentes verificar la de las personas a las que detengan por otras razones.
Johnson dijo que su equipo de seis miembros recaba información de la ciudadanía y se le pide que emprenda alguna investigación cuando se cree que alguien que se encuentra sin permiso legal en Estados Unidos está acusado de haber infringido la ley en Carolina del Sur, no sólo porque el único supuesto delito sea que esté sin permiso en Estados Unidos.
“Quien no esté implicado en alguna actividad delictiva en Carolina del Sur no debe tener miedo a la Unidad Policial de Inmigración porque jamás nos encontraremos”, explicó Johnson.
Se necesitó tiempo para entrenar a la unidad de policía especial, que trabaja directamente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo al que remite casos directamente para deportación.
Otros casos los remite a abogados locales para posterior juicio. Las autoridades laborales locales se ocupan de los casos civiles y de trabajo relacionados con la inmigración.
Desde julio, la agrupación policial ha dado inicio a 43 casos, 17 de los cuales resultaron en arrestos. Fueron desechados un número reducido y los afectados fueron remitidos al ICE para deportación. Un número pequeño de personas no tuvo problema alguno.
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