Un grupo de voluntarios finalizó hoy en Tucson (Arizona) un ayuno de cincos días en protesta por la militarización de la frontera entre EE.UU. y México y por los continuos arrestos y deportaciones, como consecuencia de la colaboración policial y el servicio de inmigración.
“Tenemos hambre, pero hambre de justicia, tengo hambre de que nos respeten nuestros derechos”, dijo a Efe Egla Gutiérrez, inmigrante mexicana de 25 años de edad y quien durante los últimos cinco días solo se alimentó de agua de coco.
Gutiérrez índico que espera que su sacrificio y el de sus siete compañeros sirva para despertar la conciencia sobre las consecuencias que podría tener una reforma migratoria si se aprueba el plan elaborado por el Senado.
La medida prevé más de 50.000 millones de dólares de presupuesto y contempla la contratación de 20.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, la ampliación del muro fronterizo, más cámaras y aviones no tripulados.
“Todo el mundo cree que esta propuesta de reforma migratoria es lo ‘máximo’ y no se dan cuenta de que más militarización de la frontera significara más muertes y más sufrimiento para nuestras comunidades”, señaló.
Por su parte, Raquel Alvarado, de 20 años de edad e inmigrante de El Salvador, dijo a Efe que su principal motivación para participar en el ayuno fue el haber sido testigo del dolor de las familias al ser separadas.
“Los inmigrantes centroamericanos sufren mucho en su intento por llegar a los Estados Unidos, hay muchos padres y madres de familia detenidos en los centro de detención de inmigración, no tienen comunicación con sus hijos, pasan en estos lugares meses e inclusive años”, afirmó Alvarado, quien sufrió en carne propia la experiencia de estar detenida en uno de estos centros.
La joven activista aseguró que los inmigrantes indocumentados centroamericanos sufren mucho en su intento por cruzar la frontera, son víctimas de abusos físicos y sexuales.
Durante los cinco días que duró el ayuno, el grupo estuvo congregado en la iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson, donde simultáneamente llevaron a cabo varios eventos como foros educativos, marchas y protestas.
El grupo se presentó ayer en las oficinas principales del Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson, donde entregaron una carta dirigida al jefe de Policía, Roberto Villaseñor, pidiéndole un alto a la cooperación entre este departamento y la Patrulla Fronteriza.
En 2010, entro en vigor la ley estatal SB1070, una de las leyes estatales más severas en contra de la inmigración indocumentada.
La sección 2(b) de esta legislación autoriza a los departamentos policíacos en todo el estado a cuestionar el estatus migratorio de aquellos de quienes “sospechan” que se encuentran de manera ilegal en el país.
Muchas de estas detenciones comienzan con simples infracciones de tráfico, pero después los oficiales en ciudades fronterizas como Tucson llaman a la Patrulla Fronteriza y les entregan a los detenidos.
“Hay formas legales para que los departamentos policiacos no tengan que aplicar la SB1070, sólo es cuestión de que ellos quieran”, aseguró a Efe Raúl Alcaraz Ochoa, organizador comunitario del Centro de Trabajadores de Tucson.
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