Grupos pro aborto no pueden ser financiados por EE.UU.

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(VOA noticias). 23 enero – Trump firmó la orden que le impide a la nación, financiar grupos pro abortos ubicados en el exterior. Bill Clinton la abolió durante su mandato (1993-2001).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero.

Una política republicana que data de la década de 1980 y que su predecesor, Barack Obama, había cancelado.

La concesión o no de fondos gubernamentales estadounidenses a los grupos pro aborto en el exterior ha sido un asunto contencioso en las últimas Administraciones, que los han autorizado durante mandatos demócratas y prohibido durante los republicanos.

Esta prohibición, que se conoce como “la política de la ciudad de México” porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada en esa ciudad en 1984, representó una de las piedras angulares de la política social de Ronald Reagan (1981-89).

EE.UU. destina cerca de $544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo.

EE.UU. destina cerca de $544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo.

Bill Clinton la abolió durante su mandato (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) la abrazó de nuevo, mientras que Obama acabó de nuevo con ella en su tercer día en el poder, también un 23 de enero.

Una ley aprobada hace más de cinco décadas ya prohíbe que las organizaciones extranjeras usen fondos del Gobierno estadounidense para llevar a cabo abortos o alentar su práctica.

Pero Reagan fue más allá al impedir siquiera la concesión de fondos a cualquier grupo que usara otros medios financieros para conseguir esos fines.

Estados Unidos destina actualmente cerca de 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo, según datos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID).

Los críticos de la “política de México” alegan que las restricciones han limitado sobremanera la financiación de grupos humanitarios que ofrecen servicios de planificaciones familiares y sanitarias.

Argumentan que esto acaba causando que las mujeres tengan que recurrir a abortos ilegales y en condiciones poco seguras.

Los defensores de la medida niegan que haya causado un aumento de los abortos ilegales en el exterior.

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