Si bien aún se desconocen las causas que llevaron a un hombre a abrir fuego contra un centro de planificación familiar en Colorado, en el oeste de Estados Unidos, estas organizaciones de salud pública que practican abortos, han sido varias veces blanco de ataques de feroces opositores.
El centro de Planned Parenthood de Colorado Springs es uno de ellos. Este local fue escenario el viernes de un sangriento tiroteo que dejó tres muertos, entre ellos un policía, y nueve heridos. El sospechoso, Robert Lewis Dear, de 57 años, fue arrestado tras largas horas de tiroteo con las fuerzas del orden.
“Se puede deducir, desde luego, de qué se trata, dado el lugar atacado y el modo de operar. (Pero) a esta altura de la investigación, no tenemos aún ninguna confirmación sobre el motivo” que llevó al hombre a atacar este sitio, comentó el sábado a la CNN el alcalde de Colorado Springs, John Suthers.
Los centros de planificación familiar son clave en Estados Unidos para proporcionar servicios ginecológicos: exámenes preventivos, anticonceptivos y también para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVG). Y frecuentemente son objeto de manifestaciones y ataques de militantes contra el aborto.
Un centro de planificación familiar en Atlanta (Georgia, sureste) fue atacado con una bomba en 1997 por Eric Rudolph, quien perpetró otro, al año siguiente y del mismo modo, contra un centro en Birmingham (Alabama, sur).
En 2009, George Tiller, un médico que practicaba abortos tardíos, fue abatido en una iglesia. El asesino, Scott Roeder, confesó luego “haber hecho lo que se debía”.
Planned Parenthood, además, se encuentra en medio de una controversia desde julio y se ha convertido en el blanco de ataque de políticos conservadores, especialmente del partido republicano. Todo comenzó cuando un militante antiaborto, David Daleiden, filmó en secreto durante dos años sus reuniones con responsables de la organización. En ellas, se hacía pasar por el encargado de una empresa ficticia que mediaba entre las clínicas de aborto y el mundo de la investigación científica. Los vídeos, según él, muestran a los responsables de Planned Parenthood discutiendo la venta de los tejidos y un cambio de protocolo para preservar intactos algunos órganos, lo cual sería ilegal. Pero la organización denuncia que la edición de los vídeos ha sido selectiva e insiste en que la única conversación sobre dinero que se mantuvo concernía a una reparación por gastos ocasionados (de transporte y administrativos), que sí sería legal.
En octubre, Planned Parenthood anunció un cambio de su política de donaciones de fetos a la comunidad científica y ahora no aceptará más dinero para costear los gastos.
Los republicanos del Congreso han intentado poner fin al financiamiento público federal de esta organización, pero no lo han logrado, aunque continúan investigando sobre las prácticas de planificación familiar y votaron la creación de una comisión de investigación parlamentaria.
El derecho al aborto es un tema ultrasensible para Estados Unidos y ya está en manos del Tribunal Supremo, que el 13 de noviembre anunció que hasta junio de 2016 examinará la legalidad de las restricciones impuestas por algunos estados estadounidenses al derecho de las mujeres a someterse a un aborto. El debate, que opone a los candidatos demócratas y republicanos, se llevará a cabo ante la instancia judicial más alta del país y en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
