(AP) — Sesenta inmigrantes mexicanos fueron detenidos el domingo por las autoridades estadounidenses después que cruzaron a territorio norteamericano desde la ciudad fronteriza de Tijuana como parte de una protesta contra las políticas de inmigración del país.
Fue el tercer grupo que trata de entrar a Estados Unidos por el cruce de Otay Mesa en San Diego y pide asilo en los últimos siete días.
El grupo, liderado por dos hermanas jóvenes cuyos padres viven en Carolina del Norte, sostenía carteles que decían “Undocumented Unashamed” (Indocumentados pero con vergüenza) y “Immigration reform starts here” (La reforma de la inmigración empieza aquí). Dijeron que protestaban por el aumento de las deportaciones durante el gobierno del presidente Barack Obama y exigieron una reforma profunda de las leyes de inmigración.
Las hermanas Jacqueline y Marisol Aparicio, de 11 y 12 años, respectivamente, dijeron que quieren reunirse con sus padres, a quienes no han visto en 10 años.
“Nunca hemos visto a nuestros padres. Tienen 11 años en Carolina del Norte. Mi hermana y yo queremos reunirnos con ellos, por eso estamos aquí”, dijo Jacqueline Aparicio.
Las hermanas, que vivieron más de una década al cuidado de una tía en la Ciudad de México, eran las primeras de una fila de 60.
El 10 de marzo un grupo de 35 dreamers solicitaron asilo, y el 13 otros 35, en su mayoría hombres deportados que habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos, también lo hicieron.
Los dreamers son jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños y que crecieron y estudiaron en Estados Unidos. El proyecto de ley DREAM Act, que nunca se aprobó, contempla regularizar su situación migratoria. Al no tener siquiera la residencia, no pueden pedir la licencia de conducción, beneficiarse de becas estatales o federales, pagar la matrícula universitaria normal o trabajar legalmente.
“Yo viví de los 8 a los 18 años en Durham (Carolina del Norte); allá estudié hasta la secundaria y allá están todavía mis papás y mis hermanas; pero regresé a México. Yo nací en Acapulco (Guerrero), porque quería estudiar ingeniería en audio y en Estados Unidos no podía, me salía muy caro por ser extranjero. En Puebla estudié dos semestres, trabajé, pero no me alcanzaba”, dijo Felipe Molina, de 22 años, vestido con toga y birrete y una banda con los colores del arcoíris.
“Sin embargo, lo que más me afectó fue que me discriminaran por ser gay. No sólo la gente se metía conmigo por tener una pareja, me agredían; las mismas autoridades, cuando lo denunciaba, me hacían ver que me lo merecía”, agregó.
Desde el mediodía, poco más de cien personas se reunieron frente a una clínica a tres cuadras de la garita de Otay. Ahí comenzaron la tercera protesta por la separación familiar que han provocado dos millones de deportaciones durante el gobierno del presidente Barak Obama.
“Mi esposo y mi hijo mayor pidieron asilo en septiembre del año pasado en Nuevo Laredo y consiguieron un permiso. Ahora están en Jacksonville (Florida). Nosotros nos queremos reunir con ellos. Mi esposo y yo quisimos hacer las cosas bien, vivimos 10 años en Estados Unidos y luego nos regresamos a Michoacán en 2011 porque mi mamá enfermó. Allá pusimos una carnicería y nos iba bien. Pero los delincuentes comenzaron a extorsionarnos. Llegó un momento que no pudimos pagarles y nos amenazaron. Por eso nos regresamos a Estados Unidos”, explicó Cecilia Cortés, de 34 años, quien cruzó el domingo con sus hijas de 6 y 4 años, ambas ciudadanas estadounidenses.
Enrique Morones, presidente de Ángeles sin Fronteras, una organización pro migrante, dijo durante la protesta que la campaña #BringThemHome (Vuelvan a casa), de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, que impulsó las peticiones de peticiones de asilo en grupo: “Se ha abierto la conciencia de muchas personas que no sabían del grave problema de la separación de familias por las deportaciones masivas del gobierno de Obama”.
“El gobierno de Obama continúa deportando en cifras récord pese a declarar que su política va a cambiar”, dijo Morones.
El jueves pasado, el gobierno estadounidense informó en un comunicado que el presidente Obama había encargado al Departamento de Seguridad Nacional que revise la aplicación de las leyes de inmigración para estudiar si se pueden implementar “de una manera más humana”.
“El presidente ha insistido en su profunda preocupación por el dolor que sienten demasiadas familias ante las separaciones que provoca un sistema de inmigración fallido”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.
Según cifras oficiales, Estados Unidos ha deportado a dos millones de inmigrantes desde la llegada de Obama a la presidencia, más que la de sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, lo que ha puesto en peligro el apoyo de la comunidad hispana a Obama, que incluyó la reforma migratoria entre sus promesas de campaña en 2008 y 2012.
Los organizadores de las protestas dijeron que el próximo martes se realizarán el último cruce de personas que piden asilo o visa humanitaria.
Se trata de un grupo de quince personas, entre ellas el vocero de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, Alejandro Aldana, quien dijo a la AP que pedirá al gobierno de Estados Unidos una visa humanitaria bajo el argumento de que ha sido atacado en México por ser gay, Elvira Arellano, la mexicana que fue deportada en 2007 después de refugiarse un año en una iglesia de Chicago.
“Yo voy a cruzar con mi bebé. Quiero ver si Obama se atreve a deportarme por segunda vez”, dijo Arellano a la AP.
La Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza dijo que las leyes de privacidad prohíben a la entidad informar que ha sucedido con los que han tratado de entrar al país para pedir asilo.
Las personas que solicitan asilo son entrevistadas por las autoridades para determinar si sus alegaciones son creíbles, y entonces los dejan en libertad o los dejan detenidos hasta que su caso se decide.
Para otorgar asilo, el juez de inmigración debe determinar que el solicitante sufre de persecución o tiene un temor bien fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.