PHOENIX (AP) — México solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos que impida a Arizona poner en marcha una disposición menor de la ley estatal de inmigración que había entrado en vigencia en 2010 y la cual prohíbe que se dé albergue a inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos.
El gobierno mexicano, a través de sus abogados, presentó el miércoles un documento a la Corte de Apelaciones del noveno circuito en el que pide que ésta ratifique el fallo de un tribunal inferior que impidió a la policía la aplicación de la medida.
En su escrito como amigo de la corte, México dijo que la prohibición incide negativamente en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, socava la capacidad de Washington para hablar con una sola voz ante países extranjeros y alienta la marginalización de mexicanos y personas que parecen provenir de América Latina.
“México no puede efectuar negociaciones efectivas con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior de los gobiernos federales son socavadas por políticas individuales de estados individuales”, se indicó en el documento.
La medida que prohíbe que se dé albergue a inmigrantes no autorizados entró en vigencia a finales de julio de 2010, pero la jueza federal Susan Bolton la congeló el 5 de septiembre. Dos semanas antes de que bloqueara la medida, Bolton aseguró durante una audiencia que no estaba enterada que hubiera habido arrestos a causa de la disposición.
Esta medida fue eclipsada por otras previstas en la ley, como la que entró en vigencia el 18 de septiembre que obliga a los agentes —en el desempeño de sus responsabilidades— a preguntar la condición migratoria de personas de las que sospechen que están sin autorización legal en el país.
La Corte Suprema federal ratificó a principios de año la disposición que obliga a los agentes a preguntar sobre la condición migratoria, pero eliminó otras medidas previstas en la ley, como aquella que obliga a los inmigrantes a obtener o portar documentos en los que conste que están registrados como inmigrantes.
El asunto de la prohibición no se ventiló en el máximo tribunal del país.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que decretó la ley de inmigración conocida como la SB1070 y es la principal defensora de la misma, solicitó a la corte de apelaciones que revierta el fallo de Bolton sobre la medida que prohíbe dar alojamiento a inmigrantes no autorizados.
El portavoz de Brewer, Matt Benson, dijo que la prohibición dispuesta en la ley de inmigración de Arizona es congruente con la ley federal y aseguró que México interfiere sobre el particular en los tribunales federales estadounidenses.
“La misma ley de inmigración de México es considerablemente más severa que cualquier medida impuesta como resultado de la SB1070. ¿Cree el gobierno mexicano que la ley federal estadounidense casi idéntica perjudica las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México?”, preguntó Benson.
No es la primera vez que un gobierno extranjero interviene en disputas en torno a la ley de inmigración.
En 2010, México había solicitado a los tribunales que declararan inconstitucional la ley; además otras 10 naciones latinoamericanas manifestaron su rechazo a la normativa.
Brewer afirmó entonces que gobiernos extranjeros se entrometían en una disputa jurídica interna entre Estados Unidos y uno de sus estados.
Ningún otro país se sumó al más reciente documento que presentó México como amigo de la corte.
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