A pesar de que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, negó rotundamente que el gobierno estatal haya pagado las fianzas de 10 mil pesos por cada uno de los cuatro miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) para ser liberados, Mario Zamora, uno de los coordinadores magisteriales, respondió de manera evasiva y poco clara sobre el tema.
Al preguntarle sobre si el gobierno de Guerrero había pagado las fianzas para que los cuatro detenidos pudieran salir libres, contestó: “No sé, tal vez… nosotros no lo hicimos”.
Aguirre Rivero, por su parte, informó que la situación legal de los cuatro maestros liberados fue analizada por el Poder Judicial y el juez que lleva el caso, por lo que en las próximas horas o días se confirmará su liberación bajo fianza o, en su caso, su orden de aprehensión.
Agregó que en caso de que el juez les revoque la libertad bajo fianza podrían ser recapturados. Sobre las restantes 35 órdenes de aprehensión que faltan no han sido canceladas.
En cuanto al regreso a clases, señaló que espera que los maestros de la CETEG, en paro laboral desde el 25 de febrero, “entren en prudencia” y regresen a clases este martes. Añadió que los pagos de la segunda quincena de abril a mil 100 maestros que están en paro laboral total se encuentran suspendidos, no cancelados.
Advirtió que el gobierno federal informó que para el siguiente ciclo escolar no habrá asignación de más plazas para los nuevos maestros, lo que le va a generar que el conflicto se profundice, “y porque se cree que en Guerrero no se necesitan más maestros, pero yo veré que estos jóvenes tengan una alternativa mediante un proceso de evaluación académica”, aseveró.
En tanto, los integrantes del magisterio oaxaqueño, que anunciaron la posibilidad de ir a paro indefinido de labores el 15 de mayo, informaron que buscan el pago de un bono adicional de 10 días y el regreso de las cuotas por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En Zacatecas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon casetas de cobro y amagaron con endurecer sus acciones.
Mientras, en Hidalgo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) demandó a las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación su derecho de audiencia para iniciar la relación laboral de 80 mil trabajadores de 15 estados del país, luego de que un juez federal confirmara la conformación a la nueva organización del magisterio.
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