El Congreso de EE.UU. inicia hoy el receso de verano sin haber aprobado una reforma migratoria que proporcione un estatus legal a los 11 millones de indocumentados que se calcula que hay en el país, como pedía el presidente Barack Obama.
Obama, que a principios de junio aseguró que no veía razones para que la reforma no se aprobase en verano, ha hecho de la cuestión migratoria uno de los pilares de su segundo mandato, una meta para la que cuenta con el apoyo de la comunidad hispana, que en noviembre pasado votó mayoritariamente por su reelección.
La minoría más numerosa del país ha intensificado durante los últimos meses las acciones y protestas a favor de la reforma, y varias organizaciones ya han anunciado que “mantendrán la presión” en agosto para forzar a los legisladores a reanudar el debate cuando el Congreso vuelva a la actividad el 9 de septiembre.
“Estamos en un momento muy crítico, y debemos asegurarnos que contribuimos a crear la coalición de la victoria”, dijo Clarissa Martínez, directora de Acción Social e Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones latinas más influyentes del país.
Estas acciones se centrarán en presionar a aquellos congresistas reacios o que no han mostrado su apoyo a la reforma, y se materializarán en peregrinaciones, visitas a legisladores, reuniones, actividades al aire libre e incluso anuncios en medios hispanos.
Una de las más destacadas, por ejemplo, será la celebración de una “peregrinación” a pie de 22 días que cubrirá los casi 500 kilómetros que separan los municipios californianos de Sacramento y Bakersfield, ciudad esta última donde reside y por la que fue elegido en la Cámara de Representantes el republicano Kevin McCarthy.
Aunque los hispanos son el colectivo más afectado y entre el que la reforma recaba más apoyos, existe un consenso generalizado en la sociedad estadounidense a favor de legalizar a los indocumentados, como refleja una encuesta divulgada hoy, según la cual hasta el 64 % de los ciudadanos son partidarios de esta opción.
El sondeo de la Universidad Quinnipiac de Connecticut destaca que sólo un 31 % de estadounidenses se opone a la medida y en la comunidad hispana el apoyo se dispara hasta el 72 %.
En el terreno político la gran mayoría de los demócratas cierran filas en torno al presidente Obama, lo que ha permitido que el Senado, que está controlada por los progresistas, sí haya aprobado una propuesta de reforma, en la que se incluye la legalización y ciudadanía para los indocumentados.
La dificultad reside en sacar adelante un texto de estas características en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que posteriormente serviría de base negociadora para redactar la ley definitiva junto a lo aprobado en el Senado.
Es aquí donde la ciudadanía para los indocumentados está encontrando más escollos, dado que varios congresistas conservadores se muestran reacios ante una medida que, a su juicio, “premiaría” a quienes se saltaron la ley y perjudicaría a la clase trabajadora estadounidense.
Además de una vía a la legalización y posible ciudadanía para los indocumentados, la propuesta aprobada en el Senado incluye reforzar la vigilancia de la frontera con México, algo en lo que sí está e acuerdo los republicanos, y agilizar y ampliar los procesos de concesión de visados a trabajadores extranjeros.
Durante las últimas semanas el debate migratorio se ha visto eclipsado por la polémica desatada a raíz de los comentarios del representante republicano Steve King, quien acusó a la gran mayoría de jóvenes indocumentados de ser traficantes de drogas.
Las palabras de King, aupado por el movimiento conservador “Tea Party”, despertaron el rechazo generalizado de la comunidad inmigrante y de los demócratas, así como de varios de sus colegas republicanos, quienes le reprocharon unos comentarios que, a su juicio, poco ayudan a mantener un debate “serio y razonado”.
La llegada de las vacaciones de verano deja en suspenso un debate que había llegado estas semanas a un punto de notable crispación, y retrasa una hipotética solución a la cuestión migratoria, por lo que la Casa Blanca ha fijado una nueva fecha límite para final de este año.
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