S
iete años después de haber sido aprobada, la Corte Suprema de Estados Unidos abordará el miércoles el uso de la inyección letal como método de ejecución, un debate clave que posiblemente constituirá un test a favor o en contra de la pena de muerte.
En su decisión de abril de 2008 sobre el caso “Baze vs Rees”, el más alto tribunal del país concluyó que la inyección letal no se oponía a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier “castigo cruel e inhabitual”.
Pero desde entonces cambiaron los barbitúricos empleados para matar a los condenados tras el rechazo de los laboratorios farmacéuticos –en particular los europeos– a suministrar sus productos para realizar ejecuciones.
Ante la falta de esos fármacos, los 32 estados norteamericanos en los que está en vigor la pena capital recurrieron a medicamentos no homologados y a grupos farmacéuticos no homologados, pero se niegan a develar su fuente de aprovisionamiento.
“Dada la falta de transparencia, no es sorprendente que solo en 2014 hayamos asistido a tres ejecuciones muy cuestionadas”, dijo Megan McCracken, experta en materia de inyección letal.
Dennis McGuire murió el 16 de enero del año pasado 26 minutos después de haber quedado visiblemente sofocado. El 29 de abril Clayton Lockett sucumbió en Oklahoma al cabo de 43 minutos de estertores y gemidos. Joseph Wood pereció el 23 de julio en Arizona 117 minutos después de recibir la inyección letal, cuando lo habitual es que no transcurran más de diez minutos.
El elemento común de las tres ejecuciones fue el uso del midazolam, una droga no aprobada como anestésico. El producto fue empleado en los tres casos como primera inyección con la intención de dejar inconsciente al condenado antes de inyectarle el producto letal.
En Florida (sureste) se usa este medicamento como un paralizante, lo que impide saber si el prisionero ha sufrido o no, afirma el anestesista David Waisel, quien asegura que el midazolam no “induce en absoluto un coma profundo”.
“Estas ejecuciones fallidas tuvieron lugar en un ambiente de experimentación y de precipitación de las autoridades estatales, sin supervisión científica”, explicó Dale Baich, abogado de los demandantes, tres condenados a muerte de Oklahoma.
En este contexto la Corte Suprema decidirá si la Octava Enmienda prohíbe a un estado ejecutar a una persona con un cóctel de medicamentos que “podría causarle un severo sufrimiento”, en este caso con un producto sin propiedades analgésicas y sin garantía de producir “una inconsciencia tan profunda como un coma”.
Los tres condenados por asesinato, Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, pretenden que se dictamine que el midazolam crea “un riesgo significativo” u “objetivamente intolerable de sufrimiento”.
Las autoridades de Oklahoma alegan que no es así y argumentan que el producto insensibiliza “frente a las estimulaciones extremadamente dolorosas”.
– Un fallo que puede ir más allá de la demanda concreta –
Que un condenado a muerte que asesinó y violó a un niño “padezca sufrimiento no (le) preocupa” al experto Robert Blecker, ferviente defensor de la pena capital.
Este profesor de la New York Law School prevé, sin embargo, que este tema estará en el centro del debate de la Corte Suprema. “Está en la naturaleza humana preguntarse realmente si alguien que mató a su hija de 9 meses quebrándole en dos la columna vertebral (como es el caso de uno de los demandantes) tiene una lejana posibilidad de sufrir”, dijo a la AFP.
La Corte Suprema debe decidir, en sentido estricto, sobre la demanda de los condenados de Oklahoma, y eventualmente sobre los de otros estados que emplean el midazolam o tienen previsto hacerlo.
Pero “la Corte siempre tiene la posibilidad de fallar más ampliamente sobre la constitucionalidad de la inyección letal”, estima Deborah Denno, experta de la Fordham University School of Law. A la espera de la decisión, varios estados suspendieron todas las ejecuciones y otros, como Texas (sur), recurrieron al pentobarbital, un barbitúrico que obtiene asimismo de una fuente anónima.
“Que el alto tribunal se ocupe de un método de ejecución por segunda vez en siete años es realmente extraordinario”, dijo Denno a la AFP. “Es evidente que la Corte ve que hay problemas con este tema y eso no parece bueno para la pena de muerte” en general, destacó.
La Corte Suprema abordará los criterios con los que se evalúa un método de ejecución, predice Steven Schwinn, profesor de la John Marshall Law School.
De ese modo, su decisión, esperada para fines de junio, “influirá mucho en la relación de fuerzas favorables y contrarias a la pena de muerte”.
