PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — El debate sobre inmigración en Arizona alcanzó un punto de ebullición en 2007 cuando el estado aprobó una ley innovadora dirigida contra quienes a menudo son acusados de avivar los problemas fronterizos del país: los empleadores que contratan a inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos.
La medida constituyó un avance audaz por parte de las autoridades locales en un terreno que durante mucho tiempo había sido dominio del gobierno federal, y allanó el camino para la ley de inmigración decretada en 2010 en Arizona que se volvió un punto de referencia en el país.
Constituyó también un momento crucial en las diversas batallas judiciales relacionadas a la inmigración que continúan hoy día en momentos en que el Congreso examina una propuesta de reforma al sistema que regula a los inmigrantes en Estados Unidos.
Sin embargo, en un análisis que efectuó sobre la ley, The Associated Press encontró que la medida ha hecho poco para combatir a los empleadores problemáticos. Sólo tres de los 147.000 empresarios del estado fueron llevados a juicio acusados de efectuar contrataciones ilegales, en tanto que se ha arrestado a cientos de trabajadores que viven sin permiso en Estados Unidos bajo una disposición de la ley que convierte en delito grave la utilización de identificaciones falsas o robadas para conseguir empleo.
Aunque la Corte Suprema federal ratificó la ley y ésta es elogiada como un instrumento para que los estados confronten la inmigración ilegal, ha afrontado diversos problemas:
— Cientos de trabajadores inmigrantes arrestados bajo la ley han pasado meses en prisión por el cargo de robo de identificación, en tanto que sólo a dos establecimientos —una tienda de emparedados y un parque de diversiones ya inexistente— se les suspendieron sus licencias varios días. Continúa pendiente el caso contra una tercera compañía, un fabricante de muebles a la medida.
— Demasiados requisitos legales para mostrar las infracciones en las que incurrió una empresa y la falta de facultades para dictar una orden judicial a fin de conseguir los archivos sobre contrataciones son barreras casi infranqueables para concretar casos contra empleadores.
— La oficina del jefe policial del condado de Maricopa, Joe Arpaio, es el único organismo policial en el estado que ha efectuado redadas en empresas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley relacionadas a las contrataciones.
Desde 2008, la oficina ha arrestado a cientos de trabajadores en 72 redadas a empresas. El Departamento de Justicia federal ha acusado a la oficina de discriminar a los trabajadores hispanos, aseveraciones que Arpaio ha rechazado.
— A pesar del reducido número de casos contra empleadores, la fiscalía del condado en la zona metropolitana de Phoenix ha gastado 4,5 millones de dólares desde 2008 en investigaciones a empresas que presuntamente han contratado a trabajadores no autorizados y para someter a juicio a empleados en casos penales por robo de identidad.
Quienes apoyan las medidas afirman que las estadísticas cuentan sólo una parte de la historia en cuanto al cumplimiento de la ley.
Afirman que la normativa ha contribuido a combatir el robo de identidad y ha obligado a los inmigrantes no autorizados a que se marchen de Arizona. También creen que las empresas se han visto obligadas a acatar la ley por temor a las redadas.
“Jamás vamos a conseguir que la ley se cumpla al ciento por ciento, pero hemos logrado avances positivos”, dijo el ex presidente del Senado de Arizona, Russell Pearce, que impulsó la normativa sobre las contrataciones y la ley sobre inmigración de 2010 en el estado.
Esta obliga a los policías, cuando detengan a una persona, a que le pregunten sobre su condición migratoria si sospechan que se encuentra sin permiso en el país.
El número de inmigrantes no autorizados en Arizona declinó en 200.000 de 2008 a enero de 2011, cuando la cifra total se ubicó en 360.000, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional.
No obstante las afirmaciones de quienes respaldan la ley de que la disminución del número de extranjeros no autorizados muestra que las leyes sobre inmigración están funcionando, otros factores han contribuido al éxodo de estas personas, como la pérdida de empleos durante ese periodo en el sector de la construcción.
El senador demócrata estatal Steve Gallardo, de Phoenix, detractor de la ley, dijo que el desequilibrio en el número de casos contra los empleadores en comparación con los abiertos contra trabajadores es un reflejo de los legisladores que desean dar la imagen de ser estrictos frente a la inmigración ilegal pero que le dan a los empleadores amplio margen de maniobra.
“Tenemos una ley que sanciona a los empleadores pero no los persigue”, aseguró Gallardo. “Deberíamos llamarla ley para sancionar a los empleadores”.
Desde 2008, más de 500 inmigrantes que carecen de autorización para estar en el país fueron arrestados por el cargo de uso de documentos falsos o identidades robadas para conseguir empleos en establecimientos en los que la oficina de Arpaio efectuó redadas.
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