La Corte Suprema de Estados Unidos calificó el martes como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista y que constituía un símbolo de la lucha por los derechos civiles en el país.
El máximo tribunal decidió por cinco votos contra cuatro que es inconstitucional la Sección 4 de la ley de 1965, que estipulaba que nueve estados, mayoritariamente sureños, y gobiernos locales de otros siete, todos con prácticas racistas en el pasado, debían pedir autorización al Departamento de Justicia de Estados Unidos para realizar cualquier cambio en sus normas electorales.
La Corte también llamó al Congreso a actualizar el método para definir qué estados deben contar con la autorización previa del gobierno federal para realizar cambios en sus propias normas electorales.
“Nuestra decisión de ninguna manera afecta la prohibición permanente y a nivel nacional de discriminar en elecciones”, dijo el titular del alto tribunal, John Roberts, al dar la opinión de la mayoría conservadora de la Corte.
“La Sección 4 de la Ley de Derechos Electorales es inconstitucional. Su fórmula ya no se puede emplear como base para establecer qué jurisdicciones deben contar con autorización previa”, escribió Roberts.
Los nueve estados concernidos por la legislación son Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Texas y Virginia, mientras que los gobiernos locales están, entre otros, en los estados de California, Florida, Michigan y Nueva York.
El presidente Barack Obama dijo este martes estar “profundamente decepcionado” con la decisión de la Corte Suprema.
“La decisión de hoy altera décadas de prácticas bien asentadas que ayudan a (garantizar) unas elecciones justas, especialmente en lugares en los que históricamente predominó la discriminación a la hora de votar”, dijo Obama en un comunicado.
“A pesar de que el fallo de hoy representa una derrota, no supone el cese de nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación en el proceso electoral. Pido al Congreso que apruebe una ley para garantizar el acceso igualitario a las urnas de todos los estadounidenses”, agregó.
Por su parte, la jueza Ruth Ginsburg dijo en nombre de la minoría liberal de la Corte que “el fallo de hoy desprecia el compromiso” con la lucha por los derechos civiles de la histórica marcha de Selma a Montgomery en 1965.
El alto tribunal, no obstante, confirmó el resto de la ley, en particular la Sección 5, concluyendo que “el ejercicio inusual del poder federal” puede estar justificado en “circunstancias excepcionales”.
La Ley de Derechos Electorales -que fue renovada por el Congreso en 2006- es rechazada por varios estados que la consideran anacrónica, aunque un buen número de organizaciones defensoras de los derechos civiles estiman que sigue siendo necesaria.
El caso llegó a manos de la Suprema Corte meses después de la reelección de Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, algo que los críticos ponían como prueba de que la ley ya no era necesaria.
La Corte anuló “una piedra angular de nuestra legislación sobre los derechos civiles”, dijo por su parte el fiscal general, Eric Holder, señalando el “grave revés para los derechos” que “tiene el potencial de afectar negativamente a millones de estadounidenses”.
El tribunal dejó intacta la Ley de Derechos Electorales durante la revisión que realizó en 2009, pero urgió al Congreso a reformarla, debido a que a su juicio “las cosas han cambiado en el sur”.
“Lo que hizo la Corte Suprema es poner una daga en el corazón de la Ley de Derechos Electorales”, dijo a la cadena ABC el representante demócrata por Georgia y veterano del movimiento por los derechos civiles John Lewis.
Un reciente sondeo de la cadena CNN indica que 50% de los estadounidenses piensa que ya no se necesita la ley en cuestión, ya que se habría terminado con la discriminación a la hora de votar, mientras que 48% cree que aún es necesario mantenerla.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que una parte de la Ley de Derechos Electorales, que pretende evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista, es inconstitucional.
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