Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes en la frontera pidieron hoy que se evite la “militarización” de la frontera, por considerar que causará un alto número de muertes y abusos de autoridad.
El fundador del grupo Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, lamentó los términos en que ha sido aprobada la reforma migratoria en el Senado, y dijo a Efe que las medidas para reforzar la Patrulla Fronteriza son “decepcionantes”.
Morones cree que en vez de militarizar la frontera se debería optar por una combinación del Acta de Ensueño, cambiar las leyes de trabajo, incrementar el número de visas, que no deberían ser sólo para los trabajadores con alta educación, y la terminación de las políticas actuales de deportación de la Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama.
“Debemos de retomar la iniciativa. El plan aprobado por el Senado dejaría de lado a cerca de la mitad de los indocumentados actualmente. La combinación de proyectos de inmigración beneficiaría a cerca de la misma cantidad sin militarizar la frontera”, consideró el activista.
La organización “No más muertes”, radicada en Tucson, Arizona, ya se había manifestado en contra de la propuesta del Senado a finales de junio, al considerar que no beneficiaría a entre cuatro y cinco millones de los cerca de 11 millones de indocumentados que se estima están en el país.
“Urgimos a nuestros simpatizantes y a grupos nacionales que no den la espalda a comunidades fronterizas”, y que demanden que el Congreso “implemente soluciones reales a las equivocadas políticas de inmigración”, indicó el grupo en un comunicado.
Morones explicó que desde 1994, al inicio de la Operación Guardián en San Diego, se estima que más de 6.000 personas han muerto tratando de entrar a EE.UU., situación que será todavía peor en caso de que se apruebe la actual ley del Senado.
A su vez, la codirectora del programa fronterizo del Comité de Servicio de Amigos Americanos en San Diego, Adrianna Jasso, dijo a Efe que están preocupados por los efectos que tendría la ley de reforma migratoria en las comunidades fronterizas.
“Tienen entre cuatro y cinco años para contratar a 20.000 agentes, lo que presenta problemas de capacitación, resultando en mayores probabilidades de abusos de autoridad que pueden incluso manifestarse en el uso mortal de la fuerza, como ya lo prueban los casos de los inmigrantes muertos en San Diego, Anastacio Rojas y Valeria Tachiquín Alvarado”, aseguró Jasso.
Según “No más muertes”, más de seis millones de personas, tanto ciudadanos de EE.UU. como inmigrantes, viven cerca de la frontera México-EE.UU. que ya está militarizada, donde muchos deben de pasar por retenes de la Patrulla Fronteriza y comprobar su ciudadanía “simplemente para ir a la escuela, a trabajar, de compras o para ir al doctor”.
Otras organizaciones a nivel nacional, como la Red Mexicana de Chicago, también han expresado su rechazo a la propuesta del Senado.
Esta propuesta “permite que los intereses especiales conviertan esta necesidad urgente en una piñata para contratistas militares y prisiones privadas cuyas fortunas se beneficiarán significativamente si el proyecto de ley se mantiene”, dijo en un comunicado el presidente del consejo directivo de la Red, José Luis Gutiérrez.
También, Arturo Carmona, de la organización Presente.org, observó que de acuerdo a una encuesta realizada junto a Latino Decisions, ésta encontró que el 81 por ciento de los votantes hispanos rechazan la noción de la “frontera segura primero”, por lo que llamó a rechazar esta ley, que calificó como “extremismo republicano que se disfraza de reforma bipartidista”. EFE
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