Tres cortes federales de Estados Unidos anularon esta semana el mismo número de leyes y disposiciones por considerarlas anticonstitucionales y como una violación a los derechos básicos de los inmigrantes.
Una corte de apelaciones rechazó este viernes por tercera vez la ordenanza emitida por el condado de Hazleton, Pensilvania, que tenía como fin evitar que inmigrantes indocumentados pudieran rentar una vivienda o emprender cualquier relación comercial con habitantes de la comunidad.
Esa decisión se sumó a las que otras dos cortes de apelaciones tomaron esta semana en torno a leyes emitidas en los estados de Texas y Carolina del Sur, y que igualmente rechazaron disposiciones por considerarlas anticonstitucionales.
Ambas leyes apuntaban en el mismo sentido que la de Hazleton, y prohibían rentar viviendas a personas a las que definían como “inmigrantes ilegales” e imponían multas a aquellos que establecieran vínculos comerciales con inmigrantes sin permiso de trabajo.
“Las decisiones de esta semana son un poderoso recordatorio de que nuestra Constitución protege inmigrantes del acoso y de que gobiernos estatales y locales los hagan chivos expiatorios”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
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