Activistas de todo EE.UU. conmemoran hoy el primer aniversario del programa de “acción diferida” que ha frenado temporalmente la deportación de más de 400.000 estudiantes indocumentados, mientras la Administración Obama continúa presionando al Congreso por una solución permanente mediante una reforma migratoria.
El 15 de agosto del año pasado, la Administración Obama puso en marcha el programa de “acción diferida”, que suspende durante dos años la deportación de EEUU de estudiantes indocumentados que hayan entrado al país cuando eran menores de edad y que cumplan con una serie de requisitos.
El presidente Barack Obama emitió una directriz para la “acción diferida” en plena contienda para su reelección y en respuesta a las presiones de grupos pro-inmigrantes que le exigían cumplir su promesa de 2008 de poner en marcha una reforma migratoria integral.
Hasta abril pasado, el Gobierno de EEUU había recibido un total de 515.922 solicitudes para ese alivio migratorio, de las cuales aprobó 497.960, según cifras de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés).
Entre otros requisitos, los jóvenes indocumentados deben mostrar que entraron al país antes de cumplir los 16 años y son menores de 31; que viven en EEUU de forma continua desde junio de 2007, que carecen de antecedentes penales y no son una amenaza para la seguridad pública o nacional.
Para los activistas de la comunidad inmigrante, esas cifras reflejan los esfuerzos de movilización nacional de los propios estudiantes indocumentados, conocidos como “Dreamers” (“Soñadores”), que incluso han hecho actos de presión en los pasillos del Congreso.
Ya en víspera del aniversario, grupos a favor de una reforma migratoria en todo el país han dejado en claro que continuarán sus actos de presión durante el receso legislativo de agosto para que el Congreso apruebe una solución permanente que corrija los problemas del sistema migratorio actual.
La Red Nacional para la Organización de Jornaleros (NDLON, en inglés), emitió anoche un comunicado en el que destacó que, ante la inacción del Congreso, la Administración Obama debe extender el programa de “acción diferida” a todo el universo de once millones de inmigrantes indocumentados en todo el país.
La Administración Obama ha sido objeto de críticas de grupos progresistas y líderes demócratas del Congreso porque ha deportado a más de 1,5 millones de indocumentados desde 2009.
El Gobierno de Obama insiste en que ha dado prioridad a la deportación de personas con antecedentes criminales o que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional.
Además, agrega que solo el Congreso puede aprobar las leyes, a la vez que mantiene una campaña de presión para sacar adelante la reforma migratoria, una de las máximas prioridades de Obama durante su segundo mandato.
El Senado, bajo control demócrata, aprobó el pasado 27 de junio una reforma migratoria que permite la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada, además de que aumenta la vigilancia fronteriza y moderniza el sistema de visas para trabajadores extranjeros.
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, se opone a la versión del Senado y ha dejado en claro que estudiará sus propias medidas, haciendo énfasis en la seguridad fronteriza.
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