(EFE).- El Gobierno de EE.UU. está evaluando la decisión de una jueza federal de California que el viernes pasado ordenó la liberación, antes del 23 de octubre, de los menores que permanecen en varios centros para inmigrantes indocumentados, indicó hoy a Efe un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Continuamos revisando la decisión y considerando las opciones posibles con el Departamento de Justicia”, destacó el vocero del DHS, brazo del Gobierno de EE.UU. encargado de Inmigración y responsable de los centros de detención en los que son retenidos los indocumentados antes de comparecer ante los jueces migratorios.
El pasado viernes, la magistrada Dolly Gee pidió a las agencias federales que cumplan antes del próximo 23 de octubre el veredicto que emitió el pasado julio ordenando liberar a los menores de los centros de detención de Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.
En sus decisiones judiciales, la jueza de la Corte del Distrito Central de California acusó al Gobierno de haber violado el acuerdo extrajudicial “Flores” de 1997, por el que los pequeños deben vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles.
“Aunque seguimos en desacuerdo con la conclusión final de la Corte, consideramos que el tribunal ha aclarado su orden original para permitir al Gobierno procesar a las familias aprehendidas en la frontera y en instalaciones familiares residenciales, en consonancia con la autoridad otorgada por el Congreso”, consideró el portavoz.
De esta forma, el DHS anunció su intención de continuar con los centros de detención, aunque en línea con la reforma anunciada en junio pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en estas instalaciones.
“Mientras los centros continúan en funcionamiento, el DHS seguirá examinando las reclamaciones de los familiares con la mayor rapidez posible, garantizando al mismo tiempo que su derecho a un debido proceso está protegido”, añadió el portavoz en una declaración escrita, remitida a Efe.
A principios de agosto, el Gobierno respondió a la orden de la jueza de California con un recurso, en el que pide a la Corte que reinterprete el acuerdo “Flores” y le permita exponer los cambios que ha llevado a cabo en los meses de mayo y junio en los centros de detención antes de tomar una decisión final sobre el asunto.
En su recurso, el Ejecutivo aseguraba que el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de los centros, comprobará si las familias tienen un miedo creíble por su vida en sus países de origen y, tras certificarlo, no permanecerán detenidas más de 20 días.
Esta batalla judicial llega tras meses de polémica sobre los centros de detención de inmigrantes, con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon con “cárceles” por el “grave” daño que infringen a las madres y niños internados.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, clausuró los centros en 2009, poco después de su llegada al poder, pero decidió reabrirlos tras el gran número de familias que el verano pasado cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría huyendo de la violencia de sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en EE.UU. hay actualmente tres centros de detención de inmigrantes: Berks (Pensilvania), Karnes City y Dilley.
En Berks había internadas a principios de agosto 76 personas (la capacidad es de 96); en Karnes City, con capacidad para 532 personas, hay 193 internos; y en Dilley permanecen 1.182 personas, aunque hay espacio para 2.400. EFE
