Video de Melissa Plancarte, `asunto administrativo´ para el Poder Judicial

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Como un asunto de carácter administrativo, fue valorado por el presidente del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora, el préstamo del antiguo Palacio de Justicia para la grabación del polémico video de Melissa Plancarte, caso que informó, todavía está en proceso de revisión.

Luego del escándalo nacional suscitado tras la difusión del video en el antiguo Palacio de Justica que realizó la llamada “Barbie grupera”, hija de Enrique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, hasta el momento el Poder Judicial no concluye la revisión del caso, ni tiene claridad sobre quién fue el responsable de dicha grabación.

Entrevistado sobre el particular, Magaña de la Mora dejó entrever que la determinación de que el video se realizara, la efectuó un guardia de seguridad, ya que en la fecha en que esto sucedió fue en temporada vacacional veraniega de 2012.

Para la seguridad de ese inmueble el Poder Judicial tiene contratado al Corporativo de Seguridad Privada Opra S.A. de C.V., al cual no se le rescindió el contrato. Al respecto Magaña de la Mora dijo que a la empresa se le requirió información, pero como normalmente su personal lo rotan tras cierto tiempo, quienes estuvieron el día de la grabación ya no trabajan ahí.

De acuerdo con el magistrado, en el Antiguo Palacio de Justicia la vigilancia es mínima por ser un inmueble de carácter histórico, por lo que están consultando los criterios que se tienen a nivel nacional en materia de museos, para ver si deben existir mayores restricciones en cuanto a fotografías y video.

Se le comentó que la grabación de Melissa Plancarse fue más allá de un video hecho con un celular, ya que en él se evidencia que la producción implicaba luces y producción, a lo cual respondió que desconoce tal situación porque ocurrió hace dos años.

Informó que el préstamo de las instalaciones del lugar debe ser autorizado por el Consejo del Poder Judicial, lo que no ocurrió en este caso, y evitó señalar si este asunto debe atenderse penalmente, por lo que observó que para el Poder Judicial este caso es un asunto administrativo.

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