El campo mexicano ocupa recursos económicos, pero también una reforma estructural profunda e integral que, además de favorecer la productividad, establezca mecanismos solidarios y justos de comercialización, oportunidades de desarrollo para los campesinos y genere una infraestructura que dé financiamiento, soporte y acompañamiento al sector, señalaron Roberto Carlos López García, representante en Michoacán de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Hugo Rangel Vargas, representante de El Barzón.

En entrevista con Leopoldo Chassin, para el programa Cambio en el Debate, López García y Rangel Vargas destacaron que, ante la situación de abandono y empobrecimiento del campo nacional, derivado del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y Canadá, es urgente que se modifiquen las perspectivas de las autoridades y las políticas públicas, a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país.

“Es cierto que el agro nacional necesita dinero, pero también una reforma estructural que abarque la totalidad de la problemática. Por ejemplo, precisa de una reforma energética propia para el campo, ya que en México el Diesel de uso agropecuario es hasta 78 por ciento más caro que en Estados Unidos, en tanto que la electricidad es 108 por ciento más costosa en nuestro país que en el vecino del norte.

“Estas acciones jurídicas deben acompañarse por cambios radicales en las condiciones generales del campo y en los esquemas de comercialización, para que los agricultores no estén más sujetos al rapacismo del mercado y la dictadura de las grandes distribuidoras”, explicó Hugo Rangel.

Sistemas de adquisición de insumos, proyectos de sustentabilidad y financiamiento apropiado para el campo son otras de las exigencias del sector, a la par que ordenamientos legales para la optimización y cuidado de los recursos naturales, como el agua.

“Es imperativo que las autoridades segmenten a los productores agropecuarios, que no traten al que produce para comer igual que al gran productor que da empleo a miles de personas”, agregó Roberto Carlos López.

Si bien ambos reconocieron que estos planteamientos representan grandes dificultades para la sociedad y las autoridades, son indispensables para la recuperación del campo y la garantía de seguridad alimentaria en un país cuya balanza comercial agropecuaria ha mantenido en los últimos años una tendencia deficitaria.

“Con el TLC se esperaba una división internacional del comercio y el trabajo, a fin de especializarse en cultivos con rendimientos superiores al promedio y abandonar los que eran menores. México se orientaría a la producción de hortalizas y frutas, con lo que la producción de grano quedaría en manos de Estados Unidos, que tiene una mayor producción por sus condiciones climáticas. En este escenario, las divisas por la exportación generarían la compensación para pagar las importaciones de granos. No ha ocurrido así, y la balanza comercial agropecuaria ha sido crecientemente deficitaria, en 2013 fue 358 por ciento mayor que en 1993. Hoy, la balanza comercial agropecuaria equivale al 70 por ciento del saldo petrolero, ese es el efecto del TLC en cuanto a las relaciones económicas con Estados Unidos”, detalló Rangel Vargas.

“Hemos crecido en exportaciones y en ingreso de empresas al país, pero sólo unos cuantos se han beneficiado, pocas empresas. El sector agropecuario es el más afectado; por ejemplo, el crecimiento de la ahora transnacional Bimbo no se refleja en el aumento de la producción de trigo. No se pensó en mejorar la infraestructura básica. 90 por ciento de ésta es producción social y no tiene las condiciones necesarias para el autoconsumo, menos para la exportación, con lo que la seguridad alimentaria del país está en riesgo”, agregó López García.

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