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Riesgo para los derechos humanos con incremento policiaco: activistas

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Monday, 18 November 2013
Noticias de Tierra Caliente

El incremento de efectivos policiacos y militares en la entidad traerá como consecuencia un alza en la violación a los derechos humanos, consideraron activistas sociales al hablar sobre la situación de inseguridad que priva en la entidad y la estrategia de seguridad instrumentada en Michoacán.

Abundio Marcos Prado, del Movimiento Nacional Indígena; Cristina Paredes Lachino, del Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México “¡Alzando voces!”; y Orlando Aragón Andrade, catedrático y activista en derechos humanos, coincidieron en los riesgos de mayor presencia militar y policiaca en la entidad, y rechazaron que ésta sea una medida efectiva para solucionar de fondo la problemática de Michoacán.

En el caso de las comunidades indígenas, Abundio Marcos señaló que éstas desde hace quince años padecen el tema de la violencia y la presencia de grupos delincuenciales, mediante el saqueo de madera y el abigeato.

Frente a la inseguridad que ha hecho crisis en la entidad, consideró preocupante el incremento policiaco, ya que “es sabido que la federal está vinculada con los grupos delictivos, lo que lejos de abatir los problemas los incrementará”.

De acuerdo con Abundio Marcos, el Movimiento Nacional Indígena ha detectado que los cuerpos de seguridad operan mediante grupos de carácter paramilitar, en donde la apuesta es el enfrentamiento con la sociedad organizada, ya sea a través de guardias comunitarias, o ahora con los llamados grupos de autodefensa.

“Es lamentable que la gente se esté acostumbrando a esta situación, a vivir con miedo, y a convivir entre militares y policías con el temor de que algo pueda suceder, nos preocupa el caso de Los Reyes y Uruapan, así como todo lo que están viviendo nuestros hermanos de Tierra Caliente”.

Marcos Prado refirió que se equivocan aquellos que crean que la solución es la confrontación entre la población, “aquí se requiere una estrategia de fondo”.

Alarma despliegue policiaco

A su vez, Cristina Paredes Lachino señaló como alarmante el despliegue policiaco y militar, sobre todo porque “sabemos que los crímenes de lesa humanidad como desapariciones y violaciones a los derechos humanos, provienen de los grupos paramilitares del estado”.

Paredes Lachino recordó que organizaciones como Amnistía Internacional, aseguran en sus informes que el incremento policiaco no es la vía para abatir problemas como el que atraviesa el estado, y que por el contrario propicia mayores violaciones a los derechos humanos. “La Organización de las Naciones Unidas reconoce el derecho de autodefensa de los pueblos, y en el caso de Michoacán es claro que ante la omisión y desatención de las autoridades para garantizar la seguridad y la integridad de los habitantes, la sociedad se organiza para defenderse”.

Advirtió que la llamada estrategia de seguridad que se ha venido instrumentando en Michoacán, lo único que evidencia es la criminalización de la organización social.

Por su parte el catedrático Orlando Aragón Andrade, quien entre sus haberes tiene también el ser representante jurídico de la comunidad indígena de Cherán, apuntó que el anuncio que se hace para aumentar el número de elementos, no implica un cambio de estrategia, sino la radicalización de la existente, que ha mostrado sus deficiencias en la entidad.

Criticó la visión de las autoridades de un “superpolicía” que con su presencia acabará con los conflictos en la entidad, lo que evade que estos sean atendidos de fondo.

“Lo que vemos es una estrategia que atenta contra los derechos humanos y contra lo que establece la Constitución General de la República, ya que hay un Estado de excepción de facto, en donde las libertades y los derechos de las personas están acotados”.

Desde su perspectiva, la proliferación de guardias comunitarios y grupos de autodefensa debe entenderse como una consecuencia de la ausencia de autoridad para garantizar la seguridad de las personas: “La gente se organiza para garantizar lo que el Estado deja de hacer”.

Aragón Andrade señaló que el incremento policiaco genera un contexto de incertidumbre y fortalece la política del miedo, lo que no es posible concebir dentro de un sistema que se dice democrático.

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