(AP) — El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York fortalecerá las salvaguardas contra el espionaje ilegal de musulmanes en investigaciones de terrorismo e instalará a un representante civil en una junta asesora que revisa las pesquisas bajo los términos de un acuerdo en dos demandas de derechos civiles, dijeron abogados el jueves.

El anuncio de un acuerdo luego de meses de negociaciones concluye formalmente el litigio sobre acusaciones de que la mayor fuerza policial del país arroja una sombra sobre las comunidades musulmanas al aplicarles una campaña encubierta de etiquetación religiosa y espionaje ilegal.

“Estamos comprometidos a fortalecer las relaciones entre nuestro gobierno y las comunidades de fe para que los residentes de cualquier tipo de origen se sientan respetados y protegidos”, dijo el alcalde Bill de Blasio en una declaración.

Las demandas estaban entre las acciones legales que siguieron a reportes por The Associated Press que revelaron cómo la ciudad infiltró grupos estudiantiles musulmanes, colocó informantes en mezquitas y espió de otras formas a musulmanes como parte de esfuerzos más amplios para prevenir ataques terroristas.

El acuerdo modifica y añade restricciones al espionaje establecidas por el decreto judicial Handschu, que fue implementado en respuesta al espionaje contra manifestantes antibélicos en las décadas de 1960 y 1970. El decreto fue relajado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad, con el fin de permitir a la policía monitorear más libremente actividades políticas en lugares públicos.

Grupos defensores de los derechos civiles demandaron en el 2013 en una corte federal en Manhattan, acusando a la policía de Nueva York de violar las reglas del decreto Handschu. En una segunda demanda presentada ese año en una corte federal en Brooklyn por mezquitas, una organización caritativa islámica y líderes comunitarios se afirmaba que el departamento estaba discriminando a los musulmanes.

La municipalidad comenzó negociaciones para alcanzar un arreglo el año pasado, y en junio se llegó a un acuerdo tentativo en el caso de Brooklyn. Aunque no requiere que el departamento admita haber cometido violaciones ni que la ciudad pague una compensación monetaria, el acuerdo “eliminará prácticas que estigmatizan erróneamente a individuos” al tiempo que hace las investigaciones “más efectivas al centrarlas en conductas delictivas”, dijo Arthur Eisenberg, director de asuntos legales para la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.

Los abogados de derechos civiles dijeron que el acuerdo requiere que el Departamento de Policía modifique las reglas para prohibir específicamente las investigaciones basadas en la raza, la religión o la etnia.

Otras cláusulas requieren que el departamento trate de usar las técnicas investigativas menos intrusivas y que tome en cuenta “el efecto potencial sobre la actividad política o religiosa de individuos, grupos u organizaciones y en personas que, aunque no son blancos de la investigación, son afectadas por la técnica o sujetas a la aplicación de ésta”.

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