Nudo en la reforma migratoria: la vía “especial”

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Mientras el Congreso de Estados Unidos debate una reforma a las leyes de inmigración, una cuestión central es si se debería ofrecerse un camino a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes que ya están en el país sin autorización legal.

Un pequeño pero creciente número de republicanos en la Cámara de Representantes dicen que “sí”, siempre y cuando no sea un camino “especial” promovido por los demócratas y aprobado por el Senado.

“Debería haber un camino a la ciudadanía —no un camino especial ni la inexistencia del camino”, dijo Jason Chaffetz, republicano por Utah, a ABC 4 Utah tras una junta reciente en el Ayuntamiento de su distrito. “Pero debe haber un camino legal y lícito para este proceso que funcione, y en este momento no lo hace”.

Muchos republicanos en la Cámara dicen que quienes cruzaron la frontera sin autorización legal o permanecieron en el país más tiempo del permitido por sus visas no deberían ser recompensados con una solución especial y a la medida que les dé como premio la ciudadanía estadounidense, especialmente cuando millones se encuentran en fila de esperan para seguir el proceso a través de los actuales canales legales.

Sin embargo, no queda claro cómo sería una vía a la ciudadanía que no resultara especial, ni a cuánta gente podría beneficiar.

La frase significa cosas diferentes para distintas personas, y un gran número de republicanos en la Cámara se oponen a cualquier planteamiento que resulte en la ciudadanía de personas que actualmente se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal. Algunos legisladores dicen que a tales inmigrantes se les debería permitir lograr la condición de trabajador legal, pero detenerse ahí y nunca obtener la ciudadanía. Esa es una solución que los demócratas rechazan.

No obstante, quienes buscan una solución a una de las prioridades del segundo mandato del presidente Barack Obama ven en la formulación de un “camino no especial a la ciudadanía” el potencial para llegar a un compromiso.

“Pienso que hay mucho espacio ahí”, dijo Clarissa Martínez, directora de compromiso cívico e inmigración en el Consejo Nacional de La Raza. “Y es por eso que me siento optimista de que una vez que ellos empiecen a lidiar con más detalles, es entonces cuando las cosas empiezan a adquirir más seriedad”.

Una vez que el Congreso regrese de su receso de verano la semana del 9 de septiembre, la atención estará centrada en la Cámara de mayoría republicana. El Senado, de mayoría demócrata, aprobó en junio un proyecto de ley migratorio que incluye una fuerte y nueva inversión en seguridad fronteriza y rehace el sistema de la inmigración legal, además de crear un camino que conduzca a la ciudadanía luego de 13 años para quienes de antemano viven en Estados Unidos bajo un estatus migratorio irregular.

Los legisladores republicanos han rechazado tal medida, prometiendo en su lugar seguir adelante con proyectos de ley de enfoque limitado, empezando con la seguridad fronteriza. No se esperan debates en el pleno de la Cámara hasta finales de otoño, cuando menos, debido a que primero deben atenderse temas fiscales que están cerca de su fecha límite.

Los demócratas, algunos republicanos y la mayoría de los defensores de inmigrantes presionan a favor de un camino relativamente directo a la ciudadanía como el que se encuentra en el Senado.

Impone ciertas restricciones, busca pago de cuotas, multas e impuestos, y requiere que primero se atienda a los potenciales inmigrantes que siguen el proceso legalmente. Una vez que se cumplan esos criterios, la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal podrían recibir permisos de residencia permanente en 10 años, y la ciudadanía en tres más. Trabajadores agrícolas e inmigrantes que llegaron al país siendo niños tendrían una vía más rápida.

Ese enfoque es rechazado por la mayoría de los republicanos en la Cámara bajo el argumento de que crea un camino “especial” hacia la ciudadanía.

“No es un proyecto de ley que yo pueda apoyar”, dijo recientemente el republicano Bob Goodlatte, representante por Virginia y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, a contribuyentes en una reunión en el Ayuntamiento de Verona, Virginia. “Pensamos que un estatus legal status en Estados Unidos, pero no un camino especial a la ciudadanía, sería apropiado”.
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