Morelia, Michoacán.- En el nuevo Código Penal que se plantea para Michoacán más que a la prisión se da preferencia a las multas, apuntó el jurista Miguel Ontiveros Alonso, quien destacó la responsabilidad de los estados para debatir sus nuevos códigos penales, en tanto no exista una reforma constitucional federal que mandate un único ordenamiento para el país.

Ontiveros Alonso fue el autor de la iniciativa de nuevo Código Penal estatal que el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, turnó al Congreso en octubre de 2012 y que se encuentra en análisis de las comisiones de dictamen.

Cuestionado sobre las dudas que la propuesta ha generado al interior de la Cámara sobre todo en materia de equidad de género y crímenes de odio, por considerar que no son explícitos, o bien lo referente al apartado de seguridad de las instituciones del estado.

En ese sentido Ontiveros Alonso apuntó que el proyecto de Código Penal retoma los instrumentos internacionales en justicia penal, pero sobre todo en derechos humanos, “su concepción está dirigida al crear libertad, en especial a aquellas personas que pertenecen a un grupo en especial situación de riesgo o grupos vulnerables”.

Apuntó que el documento sí contiene pero sin tendencias políticas, la protección de los grupos vulnerables y la perspectiva de género, “si contiene los delitos denominados por odio, nada más que no lo llamamos feminicidio, porque nosotros creemos que éste tiene una concepción más sociológica y cultural que jurídico-penal, por eso lo denominamos como delitos cometidos por condición de género o preferencia sexual, y agravamos la punibilidad cuando el delito se comete contra una persona menor de edad, adulto mayor, o grupo indígena”.

Refirió que la iniciativa incluso contiene una redacción muy evolucionada del delito de desaparición forzada de personas, “además de todos aquellos rubros que pretenden proteger de forma fundamental a niños y adolescentes con base en la Convención de los Derechos de los niños”.

En cuanto al letargo que se observa en el Congreso michoacano para debatir el nuevo Código Penal, bajo el argumento de esperar lo que ocurra a nivel federal con el anuncio de una propuesta de Código Penal único, Ontiveros Alonso enfatizó la responsabilidad de las Cámaras locales para ponerse a legislar.

“En los estados hasta en tanto no haya una reforma constitucional en la que se establezca que habrá un Código Penal único –es decir que al Congreso de la Unión se le otorgan las facultades para legislar en la materia-, deben o bien continuar creando sus códigos o reformando los existentes”.

Él evalúa que pasarán meses o años para que en México se concrete la discusión del Código Penal único, por lo que en tanto esto no ocurra se deben dar reformas penales sustantivas en los estados de la República.

“Yo soy un antidelitos en el Código Penal, creo que hay muchas conductas penales que deben de salir, el eje rector es el bien jurídico, ¿qué se protege?, la vida, la libertad, la integridad; salen muchas hipótesis delictivas de bienes jurídicos que se trasladan a otras materias”

Refirió que se incorporan tipos penales como la desaparición forzada, lesiones, privación de la vida por condición de género o preferencia sexual, “se gradúan las penalidades dándole preferencia a la multa sobre la prisión. El derecho penal no puede enfrentar ni resolver todos los problemas siempre amenazando con pena de prisión con delitos que pueden ser solventados a través de consecuencias jurídicas accesorias”.

Una novedad importante que destaca de la iniciativa de Código, es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, “es decir, hoy en día la delincuencia organizada se sirve de empresas, de bancos, de casas de cambio para lavar dinero generado con base en la trata de personas o la explotación humana y nosotros en México seguimos persiguiendo a las personas en lo individual, en contrapartida, lo que estamos proponiendo a través del Código es que podamos ir en contra de las personas jurídicas –banco, casa de cambio, empresas- y que éstas que son colaboradoras del crimen respondan ante los tribunales y sean sujetas a una pena”.

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