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Menos jueces, más casos en cortes migratorias

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Wednesday, 01 January 2014
Noticias USA

A pesar del aumento de casos frente a las cortes de inmigración estadounidenses, éstas cuentan con cada vez menos jueces y con presupuestos que no permiten contratar a más personal.

Los jueces de inmigración en Estados Unidos pasaron de ser 272 en 2010 a 253 en 2013, señaló la Executive Office for Immigration Review que se encarga de manejar las cortes de inmigración. La reducción en 19 jueces se debe a magistrados que se jubilaron y no han sido sustituidos, dijo Kathryn Mattingly, portavoz de la oficina.

La falta de presupuesto no permite contratar a más personal desde enero de 2011, cuando el fiscal general de Estados Unidos aprobó un congelamiento de contrataciones en el Departamento de Justicia. Desde entonces se han hecho algunas excepciones a la normativa.

“El congelamiento de contrataciones continúa teniendo un impacto negativo y cada vez peor al aumentar el número de casos pendientes de adjudicación y fijar las citas en cortes (de inmigración) a fechas más lejanas en el futuro”, explicó Mattingly a The Associated Press.

Los casos pendientes frente a las cortes migratorias a fines del año fiscal 2010 eran 262.622. Aumentaron a 297.848 al año siguiente y a 326.255 en 2012, según el gobierno. Ahora, a fines del año fiscal 2013, la cifra no está disponible por parte del Executive Office for Immigration Review pero según TRAC, una organización de recopilación de datos federales de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el número se ha disparado a 433.230.

Hernán Antonio Márquez es uno de los miles de inmigrantes que sufre las consecuencias.

El inmigrante salvadoreño de 25 años se presentó el viernes frente al juez Jesse Christensen, de la corte de inmigración de Federal Plaza en Nueva York, con la esperanza de evitar la deportación algún día después de haber comparecido por primera vez ante ese mismo juez hace ya cinco meses. Salió de la corte con una nueva fecha de audiencia para el 28 de febrero de 2014.

“Deseo terminar con esto, seguir con mi vida normal. No sé cuánto tiempo más va a durar esto”, dijo Márquez después de la vista preliminar. “Ya no tengo permiso de trabajo y no sé cuándo me lo van a renovar. Además tengo que seguir viniendo aquí cada varios meses. No es fácil para mí”.

Los casos en las cortes avanzan lentamente porque cada audiencia sirve para presentar documentos sobre el individuo o lograr un abogado o interrogar al inmigrante, dependiendo de cada caso.

Márquez, quien cruzó la frontera ilegalmente hace 14 años, fue arrestado recientemente en relación con un asesinato. Sin embargo, quedó libre hace ocho meses cuando las autoridades concluyeron que era inocente. Aun así, éstas ya habían informado a la policía migratoria de su condición de inmigrante sin autorización para vivir en el país. El permiso de trabajo temporal que se le concedió cuando quedó libre ya ha expirado, explicó.

Carlos Moreno, un abogado de inmigración, visita las cortes neoyorquinas unas tres veces por semana y hay días que lidia con tres o cuatro casos distintos. Los inmigrantes detenidos, que son los que tienen preferencia en las cortes, esperan una media de ocho meses para que se resuelva su caso y los inmigrantes no detenidos una media de dos años, explicó Moreno.

Las consecuencias son negativas porque no pueden viajar mientras se encuentran en proceso judicial y muchas veces viven en estado de limbo, incapaces de resolver su situación con rapidez y separados de sus familias, aseguró Moreno sobre sus clientes.

“Además de que las cortes cuentan con poco personal, el problema es que se sigue arrestando a gente que no debería ser arrestada, como gente a quien el visado le ha expirado. En estos casos, si el inmigrante está detenido, es puesto por delante de gente que lleva dos o tres años esperando a que se resuelva su caso”, explicó Moreno. “Si alguien no representa una amenaza, lo razonable sería que no se le colocara como prioritario y que se aliviara así un poco el enorme número de casos”.

El presupuesto de la Executive Office for Immigration Review, conocida en inglés como EOIR, se ha reducido en los últimos años: pasó de 302.275 millones de dólares en el año fiscal 2012 a 289.079 millones en el año fiscal 2013, según datos federales. La misma cifra se maneja de momento para el actual año fiscal.

Mattingly destacó, sin embargo, que el EOIR monitorea de forma constante su número de casos a nivel nacional y modifica sus recursos para responder a las necesidades “de la forma más eficiente posible”.

“La agencia trabaja duro para lidiar con casos pendientes”, agregó.

El tiempo que tardan en resolverse los casos es extremadamente largo: la media es de 562 días, asegura TRAC. La organización, que utiliza Actas de Libertad de Información para obtener sus datos del gobierno, sostiene que el número de casos frente a las cortes migratorias ha aumentado un 5,9% desde septiembre de 2012 y es ahora un 85% más alto que hace cinco años.

La mexicana María Inés Peniche, de 22 años, podría recorrer un largo camino en las cortes de inmigración. Peniche cruzó la frontera ilegalmente el 22 de julio con un grupo de ocho “dreamers” para poder vivir en Estados Unidos, el país donde creció, y para protestar la política migratoria estadounidense. Se conoce como “dreamers” a los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños.

“Sigo siendo indocumentada pero tengo un permiso que me permite estar en el país hasta abril de 2014, cuando tengo fecha en la corte. Ese día se decide si soy deportada o no”, dijo Peniche. “Estoy solicitando asilo porque tengo miedo de regresar a mi país. Si no me deportan, sé que tendré un proceso muy largo en la corte aquí. Me lo ha dicho mi abogado”.

Peniche fue traída ilegalmente a Estados Unidos por sus padres a los 10 años, sin embargo, la familia regresó a México en junio de 2012. Un año después la joven decidió cruzar la frontera y regresar a lo que dice que considera su casa: Boston.

El gobierno del presidente Barack Obama ha deportado una cifra récord de unas 400.000 personas al año, siendo duramente criticado por activistas que defienden los derechos de los inmigrantes. Estos aseguran que la administración expulsa a inmigrantes que no han cometido delitos o han cometido ofensas menores y son padres o madres de familia en Estados Unidos, mientras que el gobierno insiste en que su prioridad es la expulsión de criminales.

Muchos de los 11 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos podrían beneficiarse de un plan de reforma migratoria aprobado por el Senado en junio y que ofrece un camino a la ciudadanía estadounidense. El plan, sin embargo, no ha sido aprobado por la cámara baja, que podría aprobar su propio plan de reforma migratoria.

La propuesta del Senado incluye una sección que pretende reducir el número de casos frente a las cortes migratorias a través de la contratación de más personal y ampliación de los tribunales, entre otras medidas.

Los inmigrantes que solicitan visados o tarjetas de residencia permanente, desde fuera o dentro de Estados Unidos, no se ven afectados por el retraso que se vive en las cortes: ellos hacen las solicitudes a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que no dependen del Departamento de Justicia.

California es el estado con más acumulación de casos migratorios, seguido de Nueva York y Texas, según TRAC.

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