TLALNEPANTLA, Méx. La turba grita, insulta, golpea. Va y viene sin sentido, fuera de sí. Causa daño y hasta mata, pero cree que hace justicia. En ese momento hombres y mujeres, viejos y jóvenes, son uno.

De enero del 2011 a la fecha el estado de México registra más de 65 intentos de linchamiento. En San Salvador Atenco, Chalco, Nezahualcóyotl y Texcoco fueron asesinadas siete personas, pero las autoridades mexiquenses no reconocen todos los casos como linchamientos.

Ejercer justicia por propia mano es regresar al pasado, asegura José Antonio Farías Hernández, del Instituto de Investigaciones Sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana.

“Los linchamientos son una reacción comunitaria. Generalmente suelen darse en comunidades donde hay un sentido de pertenencia y cuando se agrede a un miembro se está agrediendo al grupo completo”, dice.

Afirma: “Suelen darse de manera emotiva, extralegal y extrajudicial, muchas veces de manera inmediata y por el vacío dejado por el gobierno en la aprehensión y juicio a los delincuentes”.

El académico reprueba los linchamientos, pues ninguna comunidad o grupo puede hacer justicia por propia mano, incluso los ancestrales, como los indígenas.

Agrega que permitir los linchamientos o castigos comunitarios como exhibir a las personas desnudas o golpearlas en la plaza pública, viola los derechos fundamentales de las personas, pues se les da trato degradante.

“No podemos permitirnos volver al mundo y la época de la justicia por propia mano, porque estaríamos volviendo al México recién conformado como Estado-Nación del Siglo XIX, donde los estados, las ciudades estaban incomunicados. Las ciudades tal vez se podían agredir unas a otras y más entendible estaríamos volviendo a un estado medieval, de principados que se atacan unos a otros y donde la justicia no pasa por procesos, sino por lo que considere cada comunidad o unidad como justo”, argumenta.

Salvador Neme Sastré, secretario de Seguridad Ciudadana del estado de México, afirma que la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas registra tres linchamientos y múltiples intentos fueron evitados.

“Tanto son delincuentes unos como otros. No vamos a permitir en el estado de México que se dé justicia por propia mano. Hemos intervenido, en dado caso, cuando se dan estos asuntos”, destaca.

POLICÍAS COMUNITARIAS

Farías Hernández menciona que en el estado de México comienzan a surgir grupos de autodefensa, los cuales podrían derivar en policías comunitarias como las que existen en otras entidades y que llenan el vacío que deja el Estado en el tema de seguridad.

Recuerda que las policías comunitarias aparecen en el país en 1995 y son una tradición en crecimiento. Existen en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y empiezan en otras entidades, lo que no pone en riesgo el Estado de Derecho sino que coadyuva a que éste cumpla con las funciones de seguridad y justicia.

Añade que el Estado está rebasado y en algunas regiones del país deja un vacío en el principio fundamental de proveer a la ciudadanía de seguridad pública. En ese contexto las policías comunitarias coadyuvan a cumplir con tal función.

Son creadas en las comunidades más vulnerables del país, donde hay pobreza extrema y graves violaciones a los derechos humanos. Es una tradición auténtica que satisface la necesidad de seguridad. En Guerrero, por ejemplo, cuentan con 877 policías que benefician a 300 mil habitantes y han reducido 95 por ciento el índice delictivo.

El especialista afirma que en respuesta el Estado tiende a criminalizar las policías comunitarias, en ejercicio de una visión paternalista y autoritaria del poder, en lugar de legalizarlas y capacitarlas por un tiempo, hasta que restablezca su función de proveer seguridad y regular este tipo de policías.

El académico aclara que cosa diferente son los grupos de autodefensa, que surgen espontáneamente y las autoridades requieren conocer el contexto de su aparición, sobre todo por qué tienen esa necesidad auténtica de defenderse.

Advierte: “Pero hay que tener cuidado en los grupos de autodefensa porque pueden derivar hacia grupos de delincuencia organizada o bien pueden derivar, como el que está surgiendo en el estado de México o en otros lugares, hacia policías comunitarias que sean coadyuvantes”.

Concluye que las policías comunitarias con arraigo y reconocimiento oficial, como las de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, tienen doble legitimidad. En primer lugar socio-política, al cubrir el vacío del Estado para brindar seguridad pública, y la del tiempo, al ser una práctica cultural auténtica, arraigada y regida por usos y costumbres ancestrales.

“Por ello, en vez de criminalizarlas, el gobierno tendría que reconocerlas y apoyarlas, así como extender este modelo a los grupos de autodefensa que surgen en legítima defensa y situación de necesidad, considerando siempre los diversos contextos socioculturales locales. En pocas palabras, convertirlas en programa de gobierno en materia de seguridad”, dice.

Neme Sastré rechaza que en el estado de México existan policías comunitarias, ni siquiera en la zona sur de la entidad, donde hay presencia del crimen organizado. “No tiene por qué haberlas, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, argumenta.

CUADRO LINCHAMIENTOS

26 de septiembre del 2011. San Salvador Atenco. Pobladores de Nexquipayac linchan a presunto ladrón.

10 de febrero del 2012. Chalco. Habitantes de San Mateo Huitzilzingo golpearon y quemaron vivos a tres hombres, a los que acusaron de secuestradores.

20 de febrero del 2012. Nezahualcóyotl. Comerciantes del mercado San Juan mataron con disparo de arma de fuego a un presunto ladrón. La Procuraduría mexiquense asegura que fue un homicidio, no linchamiento.

19 de diciembre del 2012. Texcoco. Vecinos de Santiago Cuautlalpan linchan a dos presuntos asaltantes.

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