Saturno Díaz Beltrán… Te rogamos por él

-Hugo Sánchez Bailón… Te rogamos por él; Juan Alberto Bautista, Abel Fuentes…

En total, 29 nombres son pronunciados en voz alta en esta eucaristía que se celebra en una carretera destapada en las estribaciones de las colinas que rodean a Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.

Es un grupo pequeño, no más de 50 personas, en su gran mayoría mujeres. Rostros cansados, morenos, de surcos profundos.

Pero no es un grupo cualquiera: en unos minutos van a subir las rocosas colinas para empezar a buscar las fosas clandestinas que, sospechan, salpican todo el paisaje.

Los tumbas donde temen (esperan, ansían) encontrar a los seres queridos cuyos nombres pronunciaron durante la misa.

Los 43 estudiantes

La desaparición -y probable asesinato- de 43 estudiantes de una escuela rural de Guerrero, el 26 de septiembre pasado, desató una tormenta social y política en México.

Las posible fosas son marcadas con banderines amarillos.

Más de dos meses después hay casi 70 detenidos, en su mayoría policías municipales de Cocula e Iguala, así como el exalcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y su esposa.

Quien era gobernador de Guerrero en ese momento fue obligado a renunciar y tanto el presidente Enrique Peña Nieto como la izquierda han tenido que capear sus peores crisis en años.

Desde 1994, con el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato presidencial del PRI -y casi seguro mandatario- Luis Donaldo Colossio, el país no vivía algo así.

Y podría ser peor: al abrigo del escándalo mediático causado en México -y el mundo- por el caso de los estudiantes, centenares de personas en Iguala y sus alrededores se han presentado a decir que ellos también tienen familiares desaparecidos.

Tres niños menores de 4 años

Jorge Popoca es uno de ellos. Durante la misa en el polvoriento camino de terracería, este hombre menudo, que lleva camisa negra y una cachucha gris, no cesa de llorar.

Llega un momento en que no puede más y se sienta, abrumado, a la vera del camino. Cuando se pronuncian los nombres de los desaparecidos no tiene fuerzas para decir los suyos.

No es para menos. Son cuatro: su esposa y tres hijos, el mayor de 4 años, el menor de 15 meses.

Según me dice con voz cansada y en medio de profundas pausas, fueron secuestrados el 23 agosto y aunque pagó rescate, sigue sin tener noticia de ellos.

Y las autoridades no han sido de mucha ayuda.

“El 90% de la investigación la hemos hecho nosotros solos. Pero es más confiable, porque es mi familia y nos dimos a la tarea de hacer la búsqueda.”

Otra pausa. Un sollozo bajo. Luego, este hombre de 41 años, que se gana la vida haciendo piñatas, continúa desgranando su historia

“Esto de las fosas se sabía. Las autoridades nunca hacían nada. Y la población de Iguala vivía aterrorizada. Lo estudiantes de Ayotzinapa fueron la punta del iceberg para destapar todo esto. Sabíamos que había fosas, pero no nos imaginábamos la magnitud”.

Es algo que corrobora Miguel Ángel Jiménez Blanco, integrante de la policía comunitaria que ayuda a organizar las búsquedas. Hasta el momento, dice, se han presentado 300 familias para tomarse pruebas de ADN y compararlas con los cuerpos que se encuentren.

Agrega que sólo entre el miércoles 26 de noviembre y el viernes 28 encontraron 16 cuerpos en las colinas.

“Lo venimos diciendo desde el principio. Esta zona es un cementerio”.

Muchas zonas en México lo son: se calcula que en la última década han desaparecido 26.000 personas en todo el país.

¿Cómo fue posible?

Luego de varias horas, compruebo que la mayoría de familiares que este grupo busca en las colinas desaparecieron en los últimos dos años. Es decir, mientras José Luis Abarca era alcalde.

Las investigaciones reveladas por el Procurador General (fiscal) Jesús Murillo Karam, indican que tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda, trabajaban con los Guerreros Unidos, el pequeño cartel que controlaba la zona.

Parte de la policía municipal de Iguala y de la vecina Cocula estaban en la nómina de los Guerreros Unidos.

¿Cómo pudo ocurrir esto durante dos años en la tercera ciudad de Guerrero, en medio de multitudinarias desapariciones, sin que ninguna autoridad, regional o nacional, se percatara?

Es la pregunta que le hago a David Cienfuegos, secretario de Gobernación de Guerrero. Cienfuegos fue llamado hace poco más de un mes a formar parte de la administración que reemplazó a la de Ángel Aguirre forzado a renunciar como gobernador por sus vínculos con los Abarca.

Es jurista y profesor. Ciertamente no habla como político.

“Muchos delitos que están vinculados con la desaparición de personas requieren de una denuncia para que les puedan dar trámite. Y en la última década en Guerrero no se denunciaban por temor de los familiares. Y por temor a que los propios policías estuvieran involucrados”.

Luego reconoce que los narcos no sólo infiltraron a la policía, sino a la clase política.

Pero hay algo más preocupante. Cuando le pregunto si, entonces, algo similar puede estar ocurriendo en estos momentos en otras poblaciones de Guerrero, su respuesta es afirmativa.

“Me parece que puede suceder eso. Y que puede incluso hablarse de casos más escandalosos. El estado de Guerrero tiene 81 municipios y muchos de ellos no tienen la comunicación que tiene Iguala. (…) Ni política ni respecto de los medios”.

Los Guerreros Unidos, ahora casi desmantelado, era un cartel pequeño. En el estado, codiciado por sus rutas y sus escarpadas sierras en las que se siembra amapola y marihuana, tiene presencia de todas las organizaciones criminales de envergadura.

Mujeres de hierro

María del Carmen hunde con tanta fuerza la varilla de hierro con la que tantea el terreno que termina doblándola.

El procedimiento es arduo: ubican un lugar donde sospechan que puede haber una fosa -por un montículo, porque hay jirones de ropa alrededor- y empiezan a hundir las barras de hierro. Si es blando y lo suficientemente grande, puede ser una tumba.

Entonces la marcan con una banderita amarilla y la dejan para que los expertos de la Procuraduría -con la que, dicen, recientemente llegaron a un acuerdo- realicen las excavaciones y, si es necesario, la exhumación.

El esposo de María del Carmen, Saturno Díaz Beltrán, desapareció en marzo. Lleva varias semanas buscándolo, día tras día escarbando en estas duras y hoscas colinas, donde lo único que crece son arbustos correosos repletos de espinas.

Hoy es aún peor para María del Carmen: Saturno habría cumplido 48 años.

“Aaay, se siente horrible. La verdad yo tengo miedo de lo que encontremos… Pero a la vez me doy valor porque si lo encuentro aquí, qué bueno. Voy descansar yo. Y va a descansar también él”.

Ella, como casi todos los demás, ya no busca justicia. Solo guardan la esperanza terrible de encontrar los restos de sus seres queridos y darles un entierro digno.

“No sólo se lo llevaron a él. Nos fuimos toda la familia. Físicamente estamos acá, pero el corazón y el pensamiento están con él”.

Su voz se quiebra. Sus ojos enrojecen.

“Mi niño de 6 se para en la puerta a esperarlo… Se pone a marcarle el teléfono, pero no sabe, no sabe…”.

El dolor de este grupo de personas, en su mayoría mujeres, es tan inmenso que lo anega todo a su alrededor. Tengo que dejar de tomar notas, pues mi mano empieza a temblar.

En un momento de la misa, el sacerdote habla de las decenas y decenas de personas que puede estar sepultadas en los cerros y los abarca con un gesto amplio de su brazo.

Por un instante siento que las colinas lanzan alaridos.

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