EEUU: Sector tecnológico quiere más inmigrantes

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WASHINGTON (AP) — Compañías tecnológicas que buscan atraer más trabajadores altamente calificados a Estados Unidos presionaron el lunes para tener más concesiones en la propuesta de ley de inmigración que se debate en el Senado. Pero los sindicatos dicen que el Valle del Silicio ya ha conseguido suficientes beneficios en la medida y que cambios adicionales podrían erosionar las protecciones a los trabajadores estadounidenses.

La disputa será parte del debate durante una audiencia en el Capitolio esta semana, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado reanude la consideración de enmiendas a la radical reforma propuesta para el sistema de inmigración del país.

En juego están las muy solicitadas visas H-1B que permiten a empresas como Google y Microsoft traer empleados a Estados Unidos para cubrir plazas de ingenieros, programadores y otras donde las compañías dicen que hay escasez de empleados estadounidenses. El proyecto de ley aumenta la cantidad de estas visas, pero también añade varias restricciones con el fin de asegurar que los estadounidenses tengan derecho primero a esas plazas.

Esas protecciones fueron defendidas por el senador demócrata Dick Durbin, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos que también integra el grupo de ocho senadores de ambos partidos que redactaron el proyecto de ley de inmigración.

Pero las compañías tecnológicas tienen su propio adalid en el panel: el senador republicano Orrin Hatch, quien ha preparado una serie de enmiendas para ayudar a su causa.

Hatch es considerado un posible fiel de la balanza, de manera que a los partidarios de la reforma, que trabajan asiduamente para asegurar que la iniciativa se apruebe en el Senado con la mayor cantidad de votos posible, les gustaría atraer su apoyo. Pero Durbin se opone a los esfuerzos de Hatch, y él, al igual que otros demócratas son objeto de presión por parte de los sindicatos para que no respalde la medida.

“Consideramos que los términos del proyecto de ley son lo que se ha logrado tras las negociaciones. Después de todo, (el sector de) alta tecnología consiguió mucho de lo que quería, como un aumento de casi tres veces en la cantidad de visas”, dijo Tom Snyder, gerente de la campaña de inmigración de la central sindical AFL-CIO. “Ahora quieren más”.

Robert Hoffman, vicepresidente sénior de Asuntos de Gobierno del Consejo del Sector de Tecnología Informática, no concordó. Hoffman dijo que los cambios solicitados por Hatch, en cuyo estado hay un número cada vez mayor de empresas de alta tecnología, en lo fundamental significan soluciones mecánicas para asegurar que las cláusulas sobre empresas de alta tecnología impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo en el país.

“Es muy importante que (el programa de visas) H-1B funcione, y pienso que eso es lo que estamos tratando de asegurar”, dijo Hoffman. “Porque la realidad es que, en nuestra opinión, con el proyecto de ley como está redactado se corre el riesgo de desviar a otros países los empleos y la inversión que pudieran generar las visas temporales”.

El Consejo del Sector de Tecnología Informática se unió a decenas de otros grupos, así como cámaras de comercio estatales y locales y consejos de tecnología, para enviar una carta el lunes a los miembros de la Comisión Judicial en que describen sus preocupaciones sobre los términos relacionados con las empresas de alta tecnología en el proyecto de ley.

El proyecto de ley contempla limitar la cantidad de visas H-1B de 65.000 anuales en este momento, a 110.000, con el potencial de aumentar la cifra a 180.000, en función de cuántas solicitudes se reciban y el índice de desempleo. Las compañías de alta tecnología dijeron que la tasa de desempleo no debe ser un factor a tomarse en cuenta porque es posible que no refleje la demanda real de trabajadores altamente calificados. Hatch tiene una enmienda para incluir ese cambio.

A las compañías de alta tecnología también les preocupa una nueva cláusula que les exige demostrar que han tratado de contratar personal en Estados Unidos antes de solicitar una visa H-1B. Hatch limitaría esa exigencia a sólo compañías que dependan más de las visas H-1B, de manera que no afectaría al resto de las empresas estadounidenses de alta tecnología.

Hatch también ha incluido una enmienda que cambia una exigencia en el proyecto de ley que tiene por fin asegurar que los empleados estadounidenses no sean desplazados por la contratación de extranjeros.

La Comisión de Asuntos Jurídicos se reúne el martes, pero el debate de la mayoría de las enmiendas de Hatch probablemente se demore hasta el jueves para dar a los senadores tiempo para tratar de llegar a una solución.

Durbin y los otros tres integrantes del Grupo de los Ocho que también forman parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos —los senadores Chuck Schumer, demócrata; Lindsey Graham, republicano, y Jeff Flake, republicano— han decidido votar juntos para impedir la aprobación de cambios que afecten las cláusulas clave del proyecto de ley y amenacen la coalición que lo respalda. Pero el lunes no estaba claro si los legisladores podrían alcanzar un acuerdo que satisfaga a Hatch y que Durbin esté dispuesto a aceptar. Tampoco había señal alguna de que Hatch prometiera apoyar el proyecto de ley incluso si se aprueban las enmiendas sobre el sector de alta tecnología, porque ya ha planteado otras preocupaciones también.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado planea para el martes abordar varias enmiendas del senador republicano Charles Grassley, quien apoya una restricción todavía más fuerte a las visas H-1B que la planteada en la iniciativa de ley, pero parecía poco probable que se apruebe.

En general, el proyecto de ley contempla aumentar la seguridad en la frontera, exigir a todas las empresas la verificación del estatus legal de sus empleados y permitir que decenas de miles de empleados de baja y alta calificación entren al país, además de establecer un mecanismo para que casi 11 millones de personas que viven sin autorización en el país puedan obtener la ciudadanía. Este proyecto es la prioridad del segundo período del presidente Barack Obama.

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