A partir del comienzo de los operativos instrumentados en las zonas de Tierra Caliente y la Costa, hace tres meses, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha recibido quince denuncias por presuntos actos de acoso, cateos ilegales, visitas domiciliarias y abuso de autoridad, cometidos principalmente por elementos de fuerzas federales.
El organismo, hizo un llamado “respetuoso” a autoridades gubernamentales de los tres niveles para que brinden seguridad a familiares de las personas detenidas tras el operativo, y no vuelvan a ocurrir sucesos como la quema del autobús en el que viajaron a la capital michoacana para manifestarse.
Existe la posibilidad de que las comisiones de derechos humanos de los estados de Michoacán y Colima traten de mediar para la resolución del conflicto que ha llevado a decenas de familias a salir del municipio de Aquila.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, quien en entrevista colectiva puntualizó que derivado de la aplicación del operativo de seguridad en las zonas michoacanas ya señaladas se han recibido quince quejas por supuestos actos violatorios por las autoridades.
Precisó que doce quejas se recibieron hace meses, tras el operativo aplicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, y de ellas, diez se refieren a presuntos actos violatorios cometidos por el Ejército, la Policía Federal y la Marina, y dos al Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Ministerial del Estado.
Las tres quejas restantes se presentaron en la visitaduria regional de la CEDH en Lázaro Cárdenas, luego del operativo instrumentado el miércoles de la semana pasada en el municipio de Aquila, con el propósito de desarmar y aprehender a miembros del grupo de autodefensa.
De esas quejas, dos van en contra del Ejército Mexicano y una en contra de efectivos de corporaciones estatales.
Los señalamientos violatorios que involucran a policías estatales son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y los que se refieren a uniformados federales fueron atraídos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que por cierto, dentro de un periodo aproximado de dos meses podría instalar en Morelia una sede delegacional.
Esto último, debido a que el organismo defensor de los derechos a nivel federal consideró que es necesaria una delegación en el estado ante la incidencia de inseguridad que se reporta.
Atención a desplazados
En instalaciones de Casa de Gobierno, el ombudsman michoacano comentó que recientemente se reunió con su homólogo del estado de Colima, con quien abordó el tema de las familias que abandonaron el municipio de Aquila para “evitar algún suceso tan lamentable como el de Tuxpan”.
El caso de Tuxpan al que se refiere, corresponde al de la familia procedente de Luvianos, estado de México, que en días pasados fue atacada por un comando armado, con un saldo de ocho personas muertas.
“Estamos viendo con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Colima, la posibilidad de entrevistarnos con ambas partes para ver la posible conciliación y estar preparando este terreno, nosotros estaremos muy al pendiente y si es necesario nos trasladaremos a Colima con la expectativa del diálogo”, declaró.
José María Cázares dijo tener informes de que cuarenta familias aquilenses, con un promedio de cuatro integrantes cada una (alrededor de 160 gentes), se mantienen refugiadas en el vecino estado de Colima, donde la autoridad estatal instaló un albergue provisional, donde reciben atención médica, alimentación y seguridad.
Autoridades deben brindar seguridad a familias de detenidos
Luego de que la parte defensora de los comunitarios detenidos el pasado 14 de agosto en el operativo de Aquila denunció ante medios de comunicación presuntas agresiones contra familiares de los mismos, mismas que habrían podido evitar fuerzas federales, Cázares Solórzano indicó que hasta el momento el organismo no ha recibido ninguna queja en la que se reflejen tales acusaciones.
No obstante, consideró necesario que autoridades de los tres niveles de gobierno brinden la protección que requieren estas familias, y por otro lado refuercen acciones para restablecer la paz social en esta zona del estado.
En corto
Durante la charla que sostuvo con medios de información, el titular de la CEDH, José María Cázares Solórzano, reveló que el operativo que se llevó a cabo el 14 de agosto en Aquila, se tenía previsto tres semanas antes, y en esa ocasión el organismo si había sido invitado para constatar en qué términos se efectuaba.
“El operativo se iba a llevar a cabo 22 días antes, por X causa no se llevó a cabo”, enunció.
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