La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, una de las principales impulsoras del reforzamiento de leyes contra la inmigración ilegal, anunció hoy que pondrá fin a su carrera política tras culminar su administración en enero de 2015.
La mandataria estatal expresó que no presentará su candidatura para reelegirse a un tercer periodo, con lo que pone fin a meses de especulaciones sobre si trataría de impugnar una disposición de la Constitución de Arizona que limita cargos públicos a dos mandatos.
“Tarde o temprano llega el momento de pasar la antorcha de liderazgo”, dijo. “Y eso voy a hacer, después de completar este año en el cargo”, indicó.
Brewer, de 69 años de edad, hizo el anuncio este miércoles en la Escuela Primaria Meadows Park en el norte de Phoenix, a la que asistieron dos de sus hijos y donde por primera vez se interesó en la política al considerar su candidatura para la junta escolar.
En vez de ello e impulsada por su esposo, Brewer, se postuló y obtuvo en 1982 un escaño en la Cámara de Representantes de Arizona.
Brewer llego a la gubernatura de Arizona en enero de 2009, tras 26 años de carrera política, cuando siendo secretaria de Estado se presentó la renuncia de la entonces gobernadora Janet Napolitano, tras ser nominada por el presidente Barack Obama como secretaria de Seguridad Nacional.
Brewer completó el mandato de la ex gobernadora Napolitano y luego en 2010 fue electa para un periodo completo de cuatro años que concluirá el 3 de enero de 2015.
“Me entristece dejar este puesto el próximo año, pero estoy orgullosa de los notables progresos que hemos hecho para el estado”, dijo Brewer al afirmar que ser gobernadora ha sido su “trabajo de mayor orgullo”.
“Voy a seguir defendiendo y animando a Arizona desde la barrera”, dijo.
Brewer se convirtió en una de las principales proponentes de leyes para combatir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad de las fronteras en Estados Unidos, luego de que promulgara en abril de 2010 la controversial ley antiinmigrante SB 1070.
La ley, que fue luego desechada en gran parte por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pretendía establecer como delito estatal el ser inmigrante indocumentado en Arizona y obligaba también a los policías estatales y locales detener a una persona sospechosa de estar en forma ilegal en el país.
La promulgación de la SB 1070, generó un fuerte debate nacional sobre si las entidades tenían el derecho o no de diseñar y aplicar sus propias leyes migratorias.
Arizona fue la primera entidad en promulgar una ley estatal de inmigración, pero fue luego seguida por otras cinco entidades, Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Norte e Indiana.
El gobierno federal interpuso demandas en contra de cada una de esas legislaciones, al sostener que la inmigración era un asunto exclusivo del orden federal y las cortes le dieron la razón frenando dichas legislaciones.
