Narcomenudeo, homicidios culposos y dolosos, fraude, violación, amenazas, secuestros, despojo y abuso de autoridad, son algunos de los delitos que en Michoacán han presentado incrementos durante los últimos doce meses, así lo reconoce la Procuraduría General de Justicia del Estado en su último informe de labores turnado al Congreso. En el documento se da cuenta de la situación de crisis por la que atraviesa la entidad.

El informe arribó el viernes al Congreso local para llegar al pleno legislativo en la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, para que el pleno, a su vez, lo turne a la Comisión de Justicia para su análisis.

En el cuerpo del documento se muestran cifras disímbolas en diferentes páginas sobre los mismos delitos, y a diferencia de informes anteriores, no es abundante en cuanto al detalle estadístico y pone mayor acento en la presentación visual.

Sólo una mención merecen las guardias comunitarias en el informe, esto al señalar que en mayo pasado “se brindó apoyo” al edil de Los Reyes “para resguardar el municipio y evitar que se tomara la Presidencia en el rescate a las supuestas guardias comunitarias que detuvo la Policía Municipal, donde se incautaron 26 armas largas y seis cortas ya que en el momento únicamente se tuvo el apoyo de la Subprocuraduría Regional de Zamora” para su traslado a la Delegación de la PGR con sede en Uruapan.

En el resto del documento no se hace ninguna otra alusión al tema de las guardias comunitarias o a los llamados grupos de autodefensa, tampoco se incluye algún diagnóstico sobre la situación de las regiones en que estas operan.

El documento tampoco da cuenta de detención alguna de algún integrante del grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios. Tampoco se citan o reportan avances en las investigaciones por la muerte de limoneros de La Ruana y Buenavista emboscados en abril pasado.

En materia de desapariciones forzadas tampoco existe referencia alguna, sólo se apunta que “el 30 de mayo de 2013 se recibió a representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, escuchando sus inquietudes y dando atención a sus planteamientos en el ámbito de nuestra competencia”.

En cuando a los derechos humanos, el informe maneja dos datos diferentes. En su página 23, señala que “se dio atención a las 225 solicitudes de informes que presentaron las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos”, en tanto que en su página 34, la cifra cambia al referir que para dar plena vigencia a los derechos humanos, “la Procuraduría ha privilegiado la atención a las solicitudes de información de los organismos de esta materia respondiendo a 474 requerimientos de la CNDH y 26 de la CEDH”.

Se informa que fueron once las recomendaciones emitidas a la Procuraduría por ambas comisiones, de las que se han cumplido siete, es decir, el 64 por ciento.Agrega además que se han llevado a cabo diversas reuniones con los visitadores regionales de Derechos Humanos con el fin de mantener un estrecho vínculo que derive en el respeto a los principios del debido proceso.

En el último año, cada día la dependencia recibió al menos una queja contra alguno de sus servidores públicos, sumando un total de 418 casos, de los que sólo en 153 se arribó a acuerdo vía conciliación, mientras que en el resto tuvieron que iniciarse procesos administrativos internos. La mayoría de las quejas es contra los agentes del Ministerio Público.

También se iniciaron cinco procedimientos administrativos internos derivados de las recomendaciones emitidas por la CEDH contra agentes del Ministerio Público.

De ese universo, un agente fue destituido, 19 suspendidos, ocho apercibidos, catorce amonestados, 35 absueltos, 27 expedientes fueron sobreseídos y en diez se dictaron acuerdos de incompetencia.

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