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Acuerdo por Michoacán, engrosado con acciones legislativas ya previstas

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Sunday, 05 January 2014
Noticias de Tierra Caliente

Un documento engrosado con acciones ya previstas o iniciadas en diferentes tareas del quehacer público, del que hasta el momento no hay claridad del cómo, quién y cuándo, ha sido el Acuerdo por Michoacán en lo referente a las tareas legislativas.

El 29 de agosto se signaría el Acuerdo por Michoacán entre el gobierno estatal, panistas, priistas y representantes de diferentes sectores de la entidad. A casi cuatro meses de la firma, en el caso del Poder Legislativo el documento prácticamente ha quedado en el olvido, y la mayoría de los compromisos que se asumieron eran tareas ya agendadas por el Congreso, incluso algunas que los diputados estaban obligados a cumplir por ley.

Ninguna de las iniciativas comprometidas por los legisladores se enfoca al tema de la seguridad, las desapariciones o el respeto a los derechos humanos.

Los únicos temas novedosos a los que se comprometieron los diputados que firmaron fueron crear las leyes de combate a la corrupción y a la impunidad, una nueva Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otra de fomento al primer empleo, la ley estatal de fomento a la primera empresa y la que propone la creación del consejo estatal de promoción de valores y cultura de la legalidad. De todas ellas, hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa ni se conoce que se esté trabajando algún proyecto al respecto.

Los demás temas ya estaban previstos en la agenda que se conformó al inicio de la LXXII Legislatura, e incluso varios de ellos ya contaban con iniciativas presentadas, o bien habían sido anunciados con anterioridad por los diputados. Tal es el caso de la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que fue incluido como uno de los objetivos del Acuerdo, a pesar de que el proceso arrancó desde 2008 frente al mandato constitucional para que en todos los estados de la República este proceso quede concluido en 2016.

En el documento se habló de trabajar para “continuar y acelerar” la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en el caso de “continuar” están obligados, mientras que de “acelerar” es poco posible, ya que se sigue una calendarización establecida por el propio Congreso.

En el Acuerdo por Michoacán se incluyó la ley de asociaciones público-privadas, de la cual ya se había presentado la iniciativa correspondiente 17 meses antes, recién iniciada la actual Legislatura, misma que no se ha dictaminado.

Otra fue la Ley de Responsabilidad Ambiental, que tampoco era cosa nueva ya que se presentó desde junio de 2012 y los trabajos de dictaminación habían arrancado, tanto que el pasado 12 de noviembre fue aprobada por el pleno.

La Ley para la Inclusión a las Personas con Discapacidad, recientemente aprobada, tampoco era novedad para el Congreso cuando se incluyó en el Acuerdo, ya que un mes antes, en julio, se había presentado la iniciativa respectiva al pleno.

Se incluyeron también propuestas de reformas a la Ley de Salud y la Ley de Educación, ya que estaban presentadas y aún son motivo de análisis por las comisiones legislativas.

Incluso en el Acuerdo se incluyó la ley de transplantes para el estado y modificaciones a la Ley de Salud en la materia, tema que ya había sido abordado en la Cámara aunque aún no se ha aprobado.

Lo mismo sucede con la llamada ley antimarchas, que se incluyó en el documento sin ser novedad ya que la iniciativa había sido presentada con anterioridad por la bancada panista en el Congreso.

Los diputados incrustaron en el Acuerdo muchos otros temas que ya formaban parte de sus responsabilidades y estaban en revisión, como todo aquello relacionado con los temas de fiscalización, presupuesto y la Auditoría Superior de Michoacán.

Por ejemplo, se comprometieron a reformar la Constitución del Estado en cuanto al formato de la Glosa del Informe de Gobierno estatal, con la idea de que se vincule con el Plan de Desarrollo Estatal y con el Presupuesto de Egresos, y éste con la Cuenta Pública y el cumplimiento de objetivos y metas, pero la propuesta no es nueva, pues la presentó en febrero pasado el legislador panista Sebastián Naranjo Blanco.

Un compromiso signado por los legisladores fue el de aplicar la Reforma Constitucional en Materia Educativa y las leyes secundarias en Michoacán, actualizando la Ley de Educación del Estado, no obstante que están obligados a hacerlo por mandato federal.

Incluso los diputados se comprometieron a sacar adelante la nueva Ley de Educación del Estado, no obstante que es un tema que desde que arrancó la Legislatura se viene trabajando y cuyo análisis permanece estancado por la falta de consenso entre bancadas.

De los temas que se incluyeron en el Acuerdo y que ya estaban previstos en la agenda legislativa destaca también una reformara a la Ley de Participación Ciudadana, esto para crear el instituto michoacano para la participación ciudadana, el cual se vincula con la Reforma Electoral que permanece estancada en el Congreso del Estado.

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